En Antioquia los lazos de unión con la Península eran notorios, especialmente, por los vínculos de sangre existentes, pues por 150 años consecutivos una buena parte de los antioqueños acogieron en su interior las últimas oleadas de españoles emigrados al Nuevo Mundo[1]. Por consiguiente, a vísperas de la Independencia al interior de las principales familias locales había algún peninsular: padres, tíos, abuelos, cuñados, yernos, etc. A parte de ello, también estaban integrados a sus círculos sociales, de poder y de negocios, en tanto que esta había sido la estrategia de las élites regionales, especialmente durante el régimen borbónico, para preservar el control económico y político[2].
Por ejemplo, en la época, el gran comercio provincial estaba repartido en partes iguales entre peninsulares y criollos. Así lo señalan Uribe y Álvarez al encontrar que la élite pre-independentista antioqueña estaba constituida por 20 agentes: “10 españoles de nacimiento y 10 de origen criollo, provenientes de los principales poblados; todos vinculados con la actividad mercantil especulativa, en torno a la cual se desarrolla la economía provincial”[3]. (Ver tabla)
Tabla. Élite comercial pre-independentista antioqueña
De manera que en la región los españoles europeos eran considerados como una parte esencial de la sociedad, por tal motivo, no se puede atribuir a los odios y desavenencias entre peninsulares y criollos como catalizadores del proyecto autonomista de 1813. Esto dado que este colectivo estaba plenamente integrado en la población local como familiares, colegas, socios y amigos.
En este contexto, los peninsulares ayudaron a constituir una élite solidaria y cohesionada, vinculada por fuertes lazos parentales y económicos que operaron más allá de los intereses y convicciones políticas. Estos valores fueron traspasados en la cotidianidad al resto de la sociedad, lo cual favoreció el desarrollo de prácticas asociadas a la autoprotección, solidaridad, amortización de riesgos y solución de conflictos por medio del consenso, mediación y negociación.
La singularidad antioqueña durante el movimiento juntista y constitucional
El proceso de independencia de Antioquia presentó grandes diferencias en relación con otros modelos paralelos en Hispanoamérica, caracterizado por la neutralización de la violencia a través de las estrategias de mediación y negociación. A partir de la irregularidad política ocasionada por el vacío del poder regio, contrario a lo que sucedió en otros territorios como Caracas, Quito, Santafé de Bogotá y Cartagena, en esta región la transición entre gobiernos –monárquico y republicano– se desarrolló sin mayores trastornos. No se observa la presencia de disturbios o alteraciones del orden público y tampoco se depusieron las autoridades virreinales. Por el contrario, la discusión y toma de decisiones a partir de 1810 fue convocada, organizada y presidida por el gobernador Francisco de Ayala, panameño y representante del rey en la provincia.
Otra particularidad del movimiento juntista y constitucional antioqueño fue la ausencia en sus ciudades y villas de extremistas liberales o agitadores que pudieran incidir categóricamente en la transición de gobierno. Aspectos como la vocación al trabajo minero y labores agrícolas de sus habitantes, propios de una sociedad de pequeños propietarios, básicamente rural y dispersa, sumados a la escasez de instituciones educativas y el aislamiento geográfico, incidieron en la escasa circulación de ideas ilustradas, material prohibido y en la radicalización de la población.
De igual forma fue minúscula la presencia de extranjeros, por lo que no pudieron influir en la trasmisión de ideas ajenas y contrarias a las implantadas por el régimen monárquico español. Además, las continuas prohibiciones, restricciones y expulsiones efectuadas por la corona impidieron la presencia masiva de foráneos en sus dominios. Por ello, los pocos individuos de esta condición presentes en Antioquia en el siglo XIX[4], cumplían los requisitos legales para avecindarse: ser católicos, declararse súbditos del rey español y ejercer “oficios mecánicos útiles a la república”[5].
En el caso de las élites políticas y económicas, de las cuales se supone tenían mayor contacto con Europa, es posible observar que tampoco fueron impulsoras de las ideas radicales que circulaban a ambos lados del Atlántico. A esto se refirió José Manuel Restrepo, quien llamó la atención sobre el exiguo nivel cultural y educativo en que se hallaba sumida la provincia, acusando las causas de este atraso a la carencia de instituciones educativas, la escasa circulación de libros y la minúscula presencia de un personal instruido:
Los establecimientos públicos de instrucción eran reducidos… las familias más ricas solían enviar a los colegios de Santafé (Bogotá) alguno de sus hijos a recibir la instrucción con el fin de seguir la carrera eclesiástica y que disfrutaran de las capellanías de la familia… Los libros de toda especie eran rarísimos; los jóvenes que volvían de los colegios de Santafé traían algunos in folio en latín, que les habían servido para sus estudios… un Ejército Cotidiano o un Ramillete de Divinas Flores, eran estimados como un tesoro en las familias que tenían la dicha de poseerlos; los sujetos más adelantados solían tener alguna obra de la literatura española[6].
Adicionalmente, antes de 1813 no se conoce la acción de las nuevas formas de sociabilidad que se estaban extendiendo por América desde finales del siglo XVIII: tertulias, sociedades masónicas, de amigos del país, de lectura o recreativas a las que se puedan asociar elementos de expresión característicos de la modernidad. Así lo confirma Renán Silva en su estudio sobre la cultura ilustrada neogranadina al preguntarse por la extensión de este tipo de instituciones en el territorio:
…la pregunta sobre su extensión en el caso de Nueva Granada, pues su carácter minoritario, reducido aun dentro de las élites sociales, parece un hecho confirmado. Es por ejemplo notable que la correspondencia de los naturalistas de Popayán nunca mencione este tipo de “asociaciones literarias”, como no se mencionan sino tardíamente para Cartagena y, por lo que conocemos, en ningún caso se mencionan para la ciudad de Mompóx ni para la provincia de Antioquia[7].
De manera que no se hallan en la primera década del siglo elementos sediciosos, ni aficionados a las ideas francesas o liberales en forma tal que pudieran desestabilizar o ser una amenaza para la soberanía hispánica del territorio. Por el contrario, la Ilustración irrumpió en la provincia bajo el filtro español, por la vía de los mismos peninsulares súbditos del rey que formaron parte de las élites comerciales. Es el caso de José María Zuláibar, de quien se decía que fue “el peninsular más ilustrado que vino a establecerse en la antigua provincia de Antioquia”[8], quien además mantuvo su fidelidad intacta al monarca y la nación española en los momentos en que su soberanía estuvo amenazada.
En consecuencia, el grupo que participó en el proyecto independentista fue reducido y heterogéneo si lo comparamos con otros proyectos paralelos formados en ciudades como Cartagena y Caracas. Algunos de los constituyentes antioqueños contaban con estudios previos como los abogados Juan de Dios Morales, José María Montoya, José María Ortiz, Manuel Martínez, José Manuel Restrepo, José Antonio Gómez, José Antonio Pardo, y los religiosos Lucio Villa y Manuel José Bernal, quienes por sus conocimientos y preparación fueron invitados a apoyar las juntas de gobierno. Incluso en las primeras juntas y procesos constitucionales participaron europeos como Juan de Carrasquilla, evidenciando que éste proceso no fue exclusivo de las élites criollas y que muchos de ellos estaban emparentados con peninsulares.
Los representantes del proceso juntista y constitucional antioqueño, entre 1811 y 1815, además compartían entre sí vínculos familiares y mercantiles, formando parte de las élites económicas y políticas de la provincia. Así, el presbítero José María de la Calle e Isidro Peláez, tenían vínculos con la tierra. El primero se dedicaba a la agricultura, las concesiones de tierra y participó en la fundación de Amaga, mientras que el segundo fue propietario de tierras y productor de maíz.
Por otro lado, individuos como Manuel Martínez, José María Ortiz y José Manuel Restrepo habían incursionado en la minería y comercio. Además de ello, estaban emparentados con las élites regionales como José María Montoya y Pantaleón Arango, quienes tenían vínculos con grupos mercantiles y Lucio Villa quien tenía relación con el sector minero[9].
En síntesis, las relaciones existentes entre europeos y criollos al interior de las élites antioqueñas fueron claves para marcar la diferencia frente a otros procesos políticos que por la época se desarrollaron en otras latitudes de América. Evidencia de esto fue la singularidad de un conflicto entre republicanos y realistas no marcado por la violencia y eliminación del contrario, sino por la negociación política, la interpretación laxa de las normas y las prácticas de indulto y perdón.
En este sentido, por lo general, el deseo de implantar un proyecto político determinado, más que pretender la eliminación física del adversario –que podrían ser familiares, socios o paisanos–, buscó la mediación como estrategia para incorporar a sus antagonistas ideológicos y políticos, ya sea dentro del cuerpo de la nación española o por fuera de ella al participar de la creación de la nueva república.
