En la rubrica aparecen los nombres del Dictador-presidente Juan del Corral, del Secretario de Guerra y Hacienda José María Hortiz y del Secretario de Gracia y Justicia José Manuel Restrepo.
Entre sus líneas más importantes se pueden observar los principios, motivos y derechos que han tenido y presentado:
…para proclamar su independencia absoluta aquellos pueblos hermanos que se han anticipado entre nosotros a sacudir gloriosamente el yugo de la Monarquía española que hasta allí habían sufrido. …Estando pues profundamente convencidos, los unos resueltos y ansiosos por llegar al culmen de su dignidad, y debiendo los otros abandonarse en tal caso a su propia ignominia y a las desgracias que les hayan de seguir, es llegado el día de satisfacer tan santos deseos ya que hasta aquí no han tenido tiempo de hacerlo el Soberano Congreso por todas las Provincias en general, y que esta medida entra oportuna y esencialmente en las críticas circunstancias que han puesto a la República en la necesidad de crearse un libertador a todo trance. Por tanto, el ciudadano Dictador de ella, revestido con ese carácter por la unánime voluntad de la Representación Nacional, en presencia del Soberano Autor de los derechos del hombre y de la justicia de su causa, declara: Que el Estado de Antioquia desconoce por su Rey a Fernando VII, y a toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o sus representantes, rompiendo eternamente la unión política de dependencia con la Metrópoli, y quedando separado para siempre de la Corona y Gobierno de España. […]
En estas lineas lo importante e interesante son dos cosas: el contexto bajo el cual se obliga a declarar la Independencia absoluta, dado el clima de inestabilidad política y social que se estaba viviendo en todo el mundo hispánico y el acto mismo de declaración de Independencia, como proceso derivado de una etapa constitucional, que inició desde 1811, y en la que esta provincia española se vio así misma como un territorio histórico y por tanto con derechos de constituirse.
Ambas están relacionadas dado que el rey era el símbolo de la unidad del Imperio, y al caer este en manos de los franceses y abdicar su trono en un usurpador (José I Napoleón), todo el mundo hispánico entró en una profunda crisis de ingobernabilidad. La soberanía que se encontraba expedita se diseminó sobre los pueblos, siguiendo las leyes y tradición hispánica, formando una eclosión de soberanías, tantas como pueblos formaban las Españas de ambos hemisferios.
Es así como una de las primeras acciones fue la creación de juntas de gobierno, en principio para preservar lo que quedaba del Imperio español y para proteger los derechos a gobernar de Fernando VII, legítimo soberano. Pero en especial, en rechazo al intervencionismo francés y ante una eventual acción de las potencias coloniales, marítimas y mercantiles europeas que tenían intereses territoriales en el hemisferio: la misma Francia, Gran Bretaña, Holanda, Portugal, y otros territorios antagónicos presentes en América como las trece colonias que formaron Estados Unidos y se interesaron en extenderse más allá del Mississippi y el Brasil, haciendo lo propio por fuera de las fronteras limitadas en el Tratado de Tordesillas.
Vale la pena mencionar que este espíritu juntista fue liderado en otros territorios paralelos como Venezuela y Río de la Plata por sus cabezas de gobierno, es decir, actuaron en representación del resto de las provincias Caracas, como capital de la Capitanía, y Buenos Aires, como capital del virreinato más austral de Suramérica. Entre tanto, en el Virreinato de Nueva Granada, que al igual que el del Río de la Plata había sido de reciente creación, estos procesos se presentaron primero en las provincias más periféricas que en la capital Santa Fe de Bogotá.
Parafraseando a Clement Thibaud, encontramos que la pérdida de soberanía y descomposición de las autoridades virreinales en Nueva Granada, significaron respuestas locales, disimiles y cambiantes. Esto sucedió a pesar de que la junta de Santa Fe de Bogotá se auto-proclamó superior al resto de sus pares, por haber sido capital política y administrativa, por algunas décadas, durante el régimen colonial, intentando establecer un gobierno de carácter unitario que preveía la representación de las demás provincias. Esto según Anthony McFarlane creó la impresión de que un nuevo gobierno central remplazaría a las autoridades virreinales, sin embargo, la unidad política se vio disminuida por un cumulo de gobiernos que, a partir de allí, decidieron constituirse: Honda, Neiva, Pamplona, Tunja, Santa Marta, Popayán, Cartagena, Socorro, Quibdó, Pore (Casanare), Antioquia y Nóvita, entre otros.
Cuando estas juntas se radicalizaron, o visto de otro modo, quisieron absorber la soberanía, todas siguiendo el ejemplo de Caracas, que a mediados de 1811 declaró la Independencia absoluta, comenzaron a constituirse en estados soberanos que decidieron cortar los vínculos con la metrópoli española y toda autoridad que emane de esta. Incluso respecto a las mismas cabezas de gobierno que creían tener el derecho de constitución y aspiraban a recuperar su centralidad política, los casos de Mompós, Girón, San Gil, Sogamoso, Vélez y Ambalema. Estos pequeños estados fueron llamados por José Manuel Restrepo las repúblicas "miserables", en el sentido despectivo de "insignificantes".
Esta lógica de centralizar el poder político y la soberanía del neonata entidad virreinal entró en conflicto con las aspiraciones autonomistas de provincias como Cartagena, Antioquia, Pamplona, Tunja y Neiva, inclinadas más hacia una eventual unión basada en los principios de la pluralidad y federación entre gobiernos libres e iguales, después de todo, este ensayo de modernidad política ya había sido realizado con éxito en el norte del hemisferio por los Estados Unidos.
Hasta este momento los investigadores han expuesto las diferencias y dificultad de implantar un estado-nación en el territorio neogranadino, llamando despectivamente a este proceso “patria boba”, sin embargo, este fue un periodo de gran lucidez y madurez política, especialmente si somos consecuentes con la naturaleza misma con la que se había configurado el espacio americano.
Al respecto, Francisco Javier Guerra afirmó que entre las posesiones territoriales que poseía la monarquía hispánica, los americanos eran un caso particular. Esto porque según este autor los reinos peninsulares eran comunidades históricas “indubitables” e “indivisibles”, mientras que en América los reinos eran entidades “inciertas” y aún “fluctuantes”, como es posible advertir con la creación de nuevos virreinatos a partir del único de Perú –Nueva Granada en 1739 y Río de la Plata en 1776–. Por ello, es la ciudad cabeza de provincia y sus adscripciones territoriales donde debemos hallar la comunidad histórica, con lazos socio-culturales propios, con formas particulares de organización, gobierno y legislación, y además, con adscripciones territoriales de considerable extensión que abarcaban ciudades, villas, pueblos, sitios y parajes.
Estas entidades además habían recibido una serie de privilegios y concesiones otorgadas desde sus inicios por el soberano, ya que, continuando con Guerra, estas eran unidades políticas y jurídicamente reconocidas, que habían recibido una jerarquía de dignidad y de poderes. De manera que lo natural fue que gobierno se estructurara alrededor de las gobernaciones y aún de los ayuntamientos y sus adscripciones territoriales (sus territorios y pueblos dependientes).
Esto explica mejor la base del denominado localismo o regionalismo americano y el fenómeno de eclosión de soberanías que se presentó en la época de la Independencia. Lo mismo que da razón de los motivos por los que cada territorio y ciudad principal, aún ciudades menores, asumieron su propia soberanía y la de sus distritos, por considerarse entidades autónomas con fundamento histórico.
De manera que cada ciudad-provincia reaccionó ante la vacante de la soberanía monárquica desde distintas posiciones: declarándose leales al Consejo de Regencia y por tanto al rey español o afirmándose como entes autónomos, libres e independientes.
En el caso particular de Antioquia, provincia que el 11 de agosto de 1813 se convirtió en un Estado libre y autónomo, al promulgar su Independencia absoluta de la metrópoli española, encontramos que este acto surge como expresión concreta de un proceso histórico, social y cultural: fue un medio, el que tuvieron a su alcance, para organizar la comunidad política, estableciendo los deberes y derechos de los hombres libres a conformar nuevos pactos y un nuevo Estado.
