¡Hasta los gallinazos tienen rey!

Los oficiales del ejército español, a la cabeza del virrey Sámano, consideraron a la antigua provincia de Antioquia como el territorio más importante, geoestratégicamente hablando, donde se podía ganar o perder (como efectivamente sucedió) la continuidad del régimen Borbón en Suramérica.

En particular, porque mantener bajo el control del rey este territorio significaba mantener en pie de lucha el cordón occidental que unía a los territorios realistas en el Caribe como Cartagena, Panamá, Santa Marta, Centro América y Cuba con sus pares más australes del Pacífico, los casos de Cauca, Popayán, Pasto y Quito, hasta el corazón del virreinato del Perú.

No es casual que la toma de la provincia de Antioquia significó la pérdida de comunicación entre el norte y el sur realistas, territorios hacia donde planificadamente se dirigieron las huestes de Bolívar para estrangular el pensamiento y resistencia realista de la plataforma continental.

Esta es la razón por la que este libro ¡Hasta los gallinazos tienen rey! presenta un análisis que pone en el mapa mundial a una provincia que, aunque periférica, siempre fue considerada como la “la esquina de las Américas” y la “joya de la corona” por su oro, comercio y por conectar el centro y sur del continente y los dos grandes océanos (Atlántico y Pacífico).

Todo este esbozo y análisis histórico lo encuentras en esta concienzuda investigación que ya es un clásico del pensamiento, actuación y resistencia realista en Hispanoamérica: sin duda una de los primeros ensayos históricos que se ha hecho que relata y rescata la memoria de los sectores subalternos (indios, mestizos, negros y blancos pobres), los vencidos, los invisibles y los proscritos.

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Los indios realistas en la provincia de Antioquia, parte 2

 

La resistencia simbólica y silenciosa de los pueblos de indios en Antioquia

En Antioquia la resistencia indígena frente al proceso revolucionario no fue masiva, decidida y cruenta como si sucedió en otras provincias neogranadinas: los casos de Santa Marta, Riohacha y Valledupar en el norte (Caribe) y los de Popayán y Pasto en el sur (Pacífico). Básicamente, porque las comunidades indias del interior de esta región andina eran minúsculas, dispersas y políticamente desorganizadas. Caso contrario se presentó en las comunidades periféricas, más numerosas y concentradas en territorios donde no hacía presencia la administración virreinal (estaban por fuera del sistema de dominio español). Por ello, valdría la pena distinguir estos dos tipos de grupos étnicos que coexistían en la región para entender mejor su inserción o rechazo, de cara al advenimiento de la Republica.

Dentro de los nativos incorporados al régimen español, a quienes también podríamos llamar “tributarios”, se encuentran los resguardos o “pueblos de indios”[1]. De ellos en Antioquia a vísperas de la Independencia quedaban solo diez de importancia: Buriticá, Sopetrán, Sabanalarga, Cañasgordas, La Estrella, El Peñol, Sabaletas, Ocaidó, San Antonio y Urrao. Vale la pena mencionar que eran comunidades pequeñas y dispersas, como indica en 1808 el registro de indios tributarios: contados a partir de los varones entre 15 y 45 años[2].

Por su parte, los no incorporados tenían comunidades más numerosas que vivían según las autoridades, en estado “salvaje” y muchas veces nómada. Hablamos de grupos humanos pertenecientes a las etnias kunas, tule, chocoes y emberas asentadas en territorios donde no había presencia de la administración. Eran tribus belicosas que históricamente estaban en estado de guerra con la Corona española, lo que los hizo aliados estratégicos de potencias extranjeras con las que tenían trato comercial, negocios y asistencia mutua; razón por la que allí se desarrolló el contrabando y otras prácticas subrepticias[3].

No es casual que algunos de los anteriores grupos apoyaran las huestes revolucionarias, dada su rebeldía y hostilidad frente a los españoles. También, como se ha mencionado, por su cercanía y afinidad con las potencias rivales extranjeras como Gran Bretaña. En el caso contrario, los indios aquí llamados “incorporados” o tributarios mantuvieron una relación de dependencia y fidelidad frente a la Corona y, por tanto, reaccionaron y resistieron de manera simbólica o armada cuando sus lealtades, sistema de gobierno y alianzas se vieron amenazadas. 

A este punto, es necesario señalar que, paradójicamente, fueron las Cortes de Cádiz las que, inicialmente, rompieron la relación de vasallaje histórico mantenida con estas comunidades. Ello, a raíz de la aplicación de medidas liberales como el decreto que ordenó la exención general del tributo indígena en marzo de 1811. Dictamen que en junio fue incluido en la Constitución Provisional del Estado Soberano de Antioquia, la cual aún reconocía el derecho de gobernar de Fernando VII y fue firmado el 18 de diciembre por Miguel de la Calle, José Pardo, Pantaleón Arango, Pablo Zuluaga y Gómez de Salazar[4].

Al siguiente año (1812) el Poder Legislativo del Estado de Antioquia suprimió definitivamente los fueros, justicia y sistema fiscal propio indio, declarándolos como “ciudadanos libres de tributo”[5]. El edicto fue enviado a los distintos resguardos para su conocimiento, aceptación y firma. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por muchas de estas comunidades étnicas. Buriticá, por ejemplo, fue uno de los primeros pueblos en reaccionar y enviar un documento manifestando su inconformidad, alegando lo siguiente:

 

…ante Vuestro Señor con el debido respeto, parecemos diciendo: que resultándonos en nuestro concepto un gravamen con la libertad que se nos ha declarado, suplicamos a Vuestro Señor que con el mayor rendimiento sea elevada la acción de libertad y se nos deje en nuestro antiguo estado de indios, pues en el ofrecemos ejercer todas las funciones de ciudadanos y Patriotas[6].

 

A su vez, José Vicente Sixo, en representación de El Peñol, se lamentó de la pérdida de su antiguo estado, en el cual dice estuvieron por gracia de la Divina Providencia y donde, según su parecer, se sentían “muy gozosos sin que la ambición o vanagloria de ser ciudadanos nos tire y persuada a gozar del concedido indulto y libertad”[7]. Su descontento también se presentó frente a la eliminación del tributo y la imposición de otros impuestos pues, como indicaron, apenas podían “pagar el corto tributo de su Majestad”, ahora cómo podrían cumplir, ya en calidad de ciudadanos, con los derechos que se les “condena”[8].

Los indios de Buriticá también fueron enfáticos en solicitar la “sanción de la libertad para continuar en el antiguo estado de indios”[9]. Sin embargo, la Sala Primera de la Legislatura de Antioquia rechazó las distintas peticiones y demandas, alegando que se trataba de una ley superior, de obligado cumplimiento, aplicada a todos los reinos de Ultramar y basada en los principios de justicia y libertad, en clara alusión a lo dicho en Cádiz.

A raíz de la irreversible supresión del sistema antiguo, los choques e inconformidades frente a la República comenzaron a aflorar entre las distintas comunidades indígenas. En la ciudad de Marinilla, la Junta Provincial de Seguridad y Vigilancia realizó un juicio sumario contra el indio Juan de Dios Sánchez, vecino de San Antonio de Pereira, por haber “vertido sugerencias sugestivas contra el Gobierno”[10].

Una vez restaurada la autoridad real con la llegada del general Francisco Warletta, los resguardos acudieron a participar en los actos de desagravio y juras al rey junto a las autoridades civiles y eclesiásticas. En esta ocasión, no se hicieron esperar las muestras de afecto al soberano, señalando ya haber calmado la “tempestad” y cumplido sus “ardientes deseos” de estar de nuevo bajo el cobijo del adorado Fernando VII[11]. A su vez, ofrecieron contribuciones y donativos en granos, cereales, pesca, animales y otros abastos.

Este suceso dejó al descubierto la existencia de una narrativa de lucha y resistencia que se expresó de manera simbólica y pasiva frente a las armas, leyes, prácticas y autoridades republicanas[12]. Los indios de Buriticá, por ejemplo, afirmaron que su obediencia hacia el nuevo gobierno había sido ficticia y por ello anhelaban retornar al amparo del rey, a quien se referían como su “padre, protector y salvador”. Además, se quejaron de la privación de su protector de indios y, particularmente, de que sus privilegios habían sido “violados y se nos obligó a obedecer órdenes contrarias a los sentimientos que nos animaban”[13].

Constante solicitaron al rey restituir los resguardos y devolver las tierras y propiedades que habían sido enajenadas, repartidas o vendidas por la República. Sobre todo, porque a consecuencia de esto, nativos como los del resguardo de Sabanalarga se habían reducido, sus casas habían sido destruidas y su agricultura había decaído dramáticamente. Un informe de Salvador de Guzmán y Ferraro indicó que a consecuencia de la revolución muchos indios estaban en fuga o hacinados en Cáceres, San Agustín y los reales de minas vecinos[14]. A su vez, razones como la anterior habían llevado a los indios del El Peñol a pedir la expulsión de todos los libres de su jurisdicción y volver a repoblar la zona con naturales[15].

En 1817 el pueblo de Ocaydó, supeditado territorialmente a Antioquia, pidió la restitución de su corregidor, alegando que este fue el motivo por el cual no fueron censados y, en consecuencia, no pudieron pagar el correspondiente tributo. Lo cierto es que el desplazamiento de la población indígena dificultó el censo, tributo y restitución de los resguardos; como afirmó Luis Antonio de Villa, corregidor del pueblo de Sopetrán en 1818: la revolución había ocasionado grandes pérdidas que los obligaron a abandonar el territorio[16].

Además de los anteriores casos, que evidencian la existencia de una rebeldía simbólica de los indios, quienes manifestaron haber aceptado el gobierno republicano por temor a represalias, también se observa una resistencia armada para frenar el avance revolucionario.

Extracto tomado del libro de John Alejandro Ricaurte Cartagena titulado "Hasta los gallinazos tienen rey". Guerrillas contrarrevolucionarias en la provincia española de Antioquia (1813-1830).

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[1] Eran verdaderas repúblicas puesto que jurídica y administrativamente eran reconocidas por el Estado y se diferenciaban de las de “blancos”, es decir, los municipios o ayuntamientos en que poseían una estructura social y organización propia. De ahí que, dada la relación histórica con estos pueblos aliados, en Antioquia pervivió una concepción dual de la administración: una república de “blancos” y otra de indios que, si bien tenían una legislación y forma de gobierno diferente, hacían parte de un mismo Estado nacional.

[2] Buriticá (729), Sopetrán (510), Sabanalarga (820), Cañasgordas (158), La Estrella (620), El Peñol (de 822 la mayor parte), Sabaletas (499), Ocaidó, San Antonio y Urrao. Víctor ÁLVAREZ MORALES (ed). La relación de Antioquia en 1808. Expedición Antioquia 2013, Medellín, 2008.

[3] AGI. Panamá, d. 229, l. 3, ff. 361v-363r.

[4] Superior Declaratoria en favor de la libertad de los indios tributarios. AHA., Fondo Independencia, t. 824, d. 13004, ff. 77r-79v.

[5] Vale la pena aclarar que, en materia de tributos, la legislación española les permitía pagar el tributo al rey en especie o metálico, dependiendo de sus particularidades, actividad económica (indios de pesca, mina y caza), geografía, economía y recursos. También según los artículos que pudieran tributar: mantas, minerales, agricultura, ganado, tejidos, trabajo (en obrajes) u otro tipo de servicio.

[6] AHA., Fondo Independencia, t. 822, f. 31r.

[7] AHA., Fondo Indios, t. 27, d. 857.

[8] AHA, Fondo Indios, t. 27, d. 857, ff. 2r-3v y Fondo Independencia, t. 822, f. 33v.

[9] AHA., Fondo Indios, t. 27, f. 424r.

[10] Junta provincial de seguridad y vigilancia, AHMA, Actas del Cabildo, t. 94, ff-1-5, (julio de 1812).

[11] AHA., Medellín, Fondo Independencia, t. 836, f. 19r.

[12] Como indica Yoel Castaño: “Con el ingreso de las tropas realistas de Warletta en la Provincia de Antioquia, los indios vieron retornar por un corto período sus antiguos privilegios y desaparecer la odiosa carga que para ellos implicaba ser un ciudadano. Por un breve lapso de tiempo desapareció la incertidumbre a la que se vieron avocados por el gobierno republicano, y hasta volvieron a rematarse, a sacarse a pública almoneda y a cobrarse los tributos. También los indios aprovecharon esa breve coyuntura para hablar con desdén del gobierno insurgente, y recrear una leyenda negra de esa primera república, a la cual se refirieron con términos como “tiempo calamitoso”, “tempestad política”, gobierno “intruso”, “revolucionario” o “insurgente”...” Yoer CASTAÑO PAREJA, “De menores de edad a ciudadanos: los indígenas de Antioquia y otras zonas neogranadinas frente a los postulados libertarios de la primera república, 1810 – 1816”, Anuario Historia Regional y de las Fronteras, v. 13, n. 1, 2008, pp. 50 y ss.

[13] Karina SALGADO HERNÁNDEZ, “Indios, ciudadanía y tributo en la Independencia neogranadina. Antioquia [1810-1816]”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social 4 (2014): 26-43.

[14] AHA., Fondo Independencia, t. 868, d. 13579, ff. 1-2v.

[15] AHA., Fondo Independencia, t. 858, d. 13447, ff. 153-154.

[16] AHA., Fondo Indios, t. 27, d. 873, ff. 45-46.

Los indios realistas en la provincia de Antioquia, parte 1

Como fruto del contacto, interacción y fusión del mundo europeo con el aborigen, en un proceso de miscegenación que se extendió por más de 300 años, América se convirtió, en términos de Vasconcelos, en el continente síntesis: una suerte de ecúmene universal destinada a absorber en armonía y fraternidad la esencia, alma, imaginación, carácter y personalidad de las distintas razas del mundo[1].

En América coexistieron todas estas realidades étnicas, culturales, raciales y lingüísticas dentro de una misma estructura estatal, caracterizada por su diversidad social, orden jurídico plural y tradición pactista. La misma que actuó como garantía de derechos y respeto de los fueros de las distintas comunidades políticas. Se trata de una especie de orden civilizador que en su devenir histórico logró extender sus dominios en distintas latitudes del globo y conexionar pueblos, castas, religiones, idiosincrasias y cosmovisiones disímiles. 

Sin duda, los indígenas constituían uno de los estamentos más importantes dentro del sistema político, administrativo y social implantado en América por los españoles. En parte, gracias a su carácter ancestral (pueblos originarios) y estatus de protección que brindó la Corona y las instituciones virreinales a aquellas naciones con las que sellaron alianzas, convenios de cooperación y relaciones de vasallaje [2]. Ello explicaría por qué los indios fueron uno de los grupos sociales que mayoritariamente se movilizó en defensa del rey, precisamente, por la intención de mantener sus privilegios, pactos, leyes y gobernanza.

Pese a que el fenómeno del realismo indígena se puede evidenciar en la documentación de la época, la historiografía hizo lo posible por ignorar a este sector poblacional dentro del bloque monárquico. Solo se mencionaron los casos de las provincias de Popayán, Cauca y Santa Marta casi que como los únicos sitios donde hubo oposición, resistencia y enfrentamiento indígena contra la República y su ímpetu reformador. Aunque hay que anotar que en la mayoría de estos trabajos argumentaron que el realismo nativo se debió a que habían sido engañados por los españoles (corregidores, encomenderos, autoridades eclesiásticas y funcionarios), siendo su decisión propia de un pueblo atrasado, ingenuo, ignorante, tradicionalista, supersticioso, sin educación y resistente al cambio[3].

Poco se conoce sobre el contexto de la lucha contrarrevolucionaria indígena en otras provincias del virreinato neogranadino (de recién creación en el siglo XVIII), apenas existen trabajos que mencionan su presencia y actuación. En el caso particular de la provincia de Antioquia, es posible que uno de los factores que influyó en la invisibilidad de este sector fue la existencia de una narrativa imprecisa, pero bien instalada, que indicó que los antioqueños abrazaron en masa la idea de Independencia. Discurso que sin embargo, tiende a cambiar con la existencia de nuevos trabajos y formas de abordar las fuentes y documentos[4].

Lo cierto es que este fenómeno (el realismo indio) fue endémico en el territorio, toda vez que la revolución liberal colisionó contra los intereses de este sector tradicionalmente amparado por la monarquía hispánica. De ahí que su principal interés fue mantener el sistema histórico, corporativista y comunal indiano donde tenían posibilidades de conservar su autonomía, jerarquía social, identidad, etnicidad y cohesión. Todo ello, refrendado por una garantía de derechos representados en una legislación corporal llamada Leyes de Indias, que dio cobijo a este colectivo en un régimen de protección singular y único[5].

A su vez, las nuevas leyes trajeron nociones radicalmente opuestas a su sistema y creencias: en particular, los principios de igualdad, ciudadanía, individuo y propiedad privada. Sobre éste último, es necesario anotar que sus tierras ancestrales, que representaba para ellos un sustento y forma de vida, fueron repartidas, enajenadas y vendidas. Además, se les autorizó convertirse en propietarios, pero restringiendo la posibilidad de venta de sus posesiones por espacio de ocho años, hasta que “aprendieran a apreciarlas”. Esto demolía radicalmente la visión gregaria, simbólica y cultural que mantenían en asuntos como la tenencia, explotación y negociación del suelo dado que para ellos la tierra era un derecho hereditario, comunal e inalienable.

También es cierto que la abolición de los resguardos impactó negativamente el sistema fiscal indígena pues, aunque fueron exentos de algunos impuestos del régimen antiguo, se les aplicaron nuevas cargas impositivas (de tipo liberal) y permanentemente se les solicitó contribuciones en alimentos, ropas y alojamiento para las tropas independentistas. Además, los tributos destinados a la Iglesia como fiestas, procesiones, octavarios, aguinaldos y funerales se dejaron a voluntad, pero se generaron otros gravámenes de tipo religioso como los casamientos, entierros e impuestos anuales de primicias y novenos.

De otro lado, a los solteros entre 18 y 45 años se les obligó a prestar el servicio militar y realizar trabajos forzados, se les dio la potestad de escoger profesiones liberales y la autorización de casarse libremente –incluso celebrar matrimonios interraciales–. Con el ánimo de que absorbieran la pedagogía republicana (estar prestos al cambio), se ordenó construir escuelas, instando a las comunidades religiosas y jueces de la República a contribuir con su educación (en agricultura y minería) y ayudarlos a abandonar “vicios” como el alcoholismo y la vagancia.

Conjuntamente, el nuevo régimen atentó contra su cosmovisión, organización estamental, concepción étnico-territorial y estructura social: en un sistema que creía plenamente en la existencia de un orden diferenciado por castas, jerarquías y roles[6]. Por ejemplo, su autoridad estaba representada por el gobernador de indios, los alcaldes y alguaciles, cargos que, aunque símiles a los de los municipios o ayuntamientos de “blancos”, tenían particularidades como la potestad de impartir la justicia local.

Igualmente, la supresión de los curas doctrineros, corregidores y protectores impactó negativamente sus comunidades dado que para relacionarse con la jurisprudencia de los “blancos”, sea de la adscripción territorial a la que pertenecían o del Estado, precisaban de estos actores intermediarios[7]. De manera que estos cambios introducidos por la modernidad, fueron duramente cuestionadas por las comunidades indígenas ya que representaba un cambio incierto que amenazaba con abolir los resguardos, suprimir los tributos, vender sus tierras y condenarlos a la ebriedad, holgazanería y demás vicios que les fueron atribuidos[8].

Por lo anterior, no fue extraño que los indios tomaran las armas para defender sus privilegios y derechos cuando éstos se vieron amenazados. Se trataba de escoger entre apoyar a una monarquía paternalista, garantista y pactista que básicamente legislaba en su favor o la revolución representada en la ambición de los criollos[9]. Este es el caso de Antioquia, provincia en la que algunos pueblos de indios dieron muestras de afecto y gratitud hacia el rey bajo una resistencia simbólica, pero también belicista como se verá a continuación.

 Extracto tomado del libro de John Alejandro Ricaurte Cartagena titulado "Hasta los gallinazos tienen rey". Guerrillas contrarrevolucionarias en la provincia española de Antioquia (1813-1830).

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[1] José Vasconcelos. La raza cósmica: Misión de la raza iberoamericana. Editorial Verbum. 2021.

[2] Hay que reconocer que el paso europeo de la fase de poblamiento antillana a la continental produjo relaciones de paz y de guerra con los aborígenes, en una etapa de exploración y reconocimiento territorial que derivó en un proceso de conquista y poblamiento de la masa continental americana. En este periodo se encontraron con pueblos hostiles, territoriales y belicosos, pero también con otros interesados en realizar tratados de amistad y comercio: generalmente comunidades sometidas que querían salir de una relación de dependencia frente a un sistema social, político y religioso adverso e injusto a sus intereses.

[3] La historiografía muestra como si los españoles (corregidores, doctrineros, comerciantes y gobernadores) hubieran engañado a los indios: una población que se creía atrasada, tradicionalista y políticamente ignorante. Sin embargo, existen otras visiones más equilibradas que muestran que los pueblos originarios se levantaron contra la República por diversos motivos e intereses.  

[4] En ellos se observan individuos, familias y otros colectivos sociales como el caso de los indígenas, campesinos y esclavos luchando hasta el último momento por la restitución de los derechos, privilegios estamentales y fueros otorgados por el rey.

[5] Desde inicios la real audiencia tenían como uno de sus principales deberes la protección de los indios, por ello, la República liberal representaba para estos sectores tradicionalistas un choque contra sus intereses colectivos, pues habían sido amparados y protegidos por la corona, y tenían una legislación especial (Leyes de Indias) donde se reglamentaron garantías como el tributo, trabajo de ocho horas, descanso semanal y vacaciones, entre otros..

[6] El sistema español lo que hizo fue reproducir esas mismas sociedades y mantenerlas dentro de sus ámbitos naturales, ofreciendo garantías de derechos en sus sistemas de legislación.

[7] El cura doctrinero es el encargado del cuidado, evangelización, educación, vestido y proveer todo en cuanto a su bienestar material y espiritual. Por su parte, el corregidor de indios es la persona que se encarga de representarlo en la legislación común “los blancos” en los pleitos o juicios, pero también procura por su bienestar, evangelización y seguridad. Por ejemplo, mediaban ante el caso de algún abuso o queja del cura doctrinero o de algún blanco que se apropie de un terreno que pertenece a la comunidad. Finalmente, el protector de los naturales es una especie de procurador, es un funcionario público destinado también a preservar y defender los derechos y fueros de las comunidades indígenas.

[8] Estaba en juego el sistema de gobierno garantista frente a un sistema liberal que muchos no entendían, en particular las atribuciones abstractas que solo circulan en un sector minoritario de la población, por ejemplo, quienes habían estudiado y podían comprender todos estos conceptos de la ilustración. Por el contrario, en las zonas rurales, donde predominaban los mestizos, esclavos e indios dedicados a la minería, mazamorreo y agricultura el apoyo al rey fue mayor. Jaime SIERRA GARCÍA, “Independencia de Antioquia…”, p. 92.

[9] Por esto se observa la presencia de pueblos originarios en las filas del ejército realista desde inicios de la revolución. Pero también, pueblos como los Matuna, Mamatoco, Bonda, Chita, Inzá, Guajira, Pasto, Ciénaga, Gaira, Natagaima, Tópaga, Paniquitá, Quillacingas y Totoró, se destacaron como los principales contribuyentes en donativos, abastos y pertrechos para sostener la resistencia realista.