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En
Antioquia la resistencia indígena frente al proceso revolucionario no fue
masiva, decidida y cruenta como si sucedió en otras provincias neogranadinas:
los casos de Santa Marta, Riohacha y Valledupar en el norte (Caribe) y los de
Popayán y Pasto en el sur (Pacífico). Básicamente, porque las comunidades
indias del interior de esta región andina eran minúsculas, dispersas y
políticamente desorganizadas. Caso contrario se presentó en las comunidades
periféricas, más numerosas y concentradas en territorios donde no hacía
presencia la administración virreinal (estaban por fuera del sistema de dominio
español). Por ello, valdría la pena distinguir estos dos tipos de grupos
étnicos que coexistían en la región para entender mejor su inserción o rechazo,
de cara al advenimiento de la Republica.
Dentro
de los nativos incorporados al régimen español, a quienes también podríamos
llamar “tributarios”, se encuentran los resguardos o “pueblos de indios”[1].
De ellos en Antioquia a vísperas de la Independencia quedaban solo diez de
importancia: Buriticá, Sopetrán, Sabanalarga, Cañasgordas, La Estrella, El
Peñol, Sabaletas, Ocaidó, San Antonio y Urrao. Vale la pena mencionar que eran
comunidades pequeñas y dispersas, como indica en 1808 el registro de indios
tributarios: contados a partir de los varones entre 15 y 45 años[2].
Por
su parte, los no incorporados tenían comunidades más numerosas que vivían según
las autoridades, en estado “salvaje” y muchas veces nómada. Hablamos de grupos
humanos pertenecientes a las etnias kunas, tule, chocoes y emberas asentadas en
territorios donde no había presencia de la administración. Eran tribus
belicosas que históricamente estaban en estado de guerra con la Corona
española, lo que los hizo aliados estratégicos de potencias extranjeras con las
que tenían trato comercial, negocios y asistencia mutua; razón por la que allí
se desarrolló el contrabando y otras prácticas subrepticias[3].
No
es casual que algunos de los anteriores grupos apoyaran las huestes
revolucionarias, dada su rebeldía y hostilidad frente a los españoles. También,
como se ha mencionado, por su cercanía y afinidad con las potencias rivales
extranjeras como Gran Bretaña. En el caso contrario, los indios aquí llamados
“incorporados” o tributarios mantuvieron una relación de dependencia y
fidelidad frente a la Corona y, por tanto, reaccionaron y resistieron de manera
simbólica o armada cuando sus lealtades, sistema de gobierno y alianzas se
vieron amenazadas.
A este punto, es necesario señalar que,
paradójicamente, fueron las Cortes de Cádiz las que, inicialmente, rompieron la relación de vasallaje
histórico mantenida con estas comunidades. Ello, a raíz de la aplicación de
medidas liberales como el decreto que ordenó la exención general
del tributo indígena en marzo de 1811. Dictamen que en junio fue incluido en la Constitución Provisional del Estado Soberano de
Antioquia, la cual aún reconocía el derecho de gobernar de Fernando VII y fue
firmado el 18 de diciembre por Miguel de la Calle,
José Pardo, Pantaleón Arango, Pablo Zuluaga y Gómez de Salazar[4].
Al siguiente año (1812) el Poder
Legislativo del Estado de Antioquia suprimió definitivamente los fueros,
justicia y sistema fiscal propio indio, declarándolos como “ciudadanos libres
de tributo”[5]. El
edicto fue enviado a los distintos resguardos para su conocimiento, aceptación
y firma. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por muchas de estas
comunidades étnicas. Buriticá, por ejemplo, fue uno de los primeros pueblos en
reaccionar y enviar un documento manifestando su inconformidad, alegando lo
siguiente:
…ante Vuestro Señor con el debido respeto, parecemos
diciendo: que resultándonos en nuestro concepto un gravamen con la libertad que
se nos ha declarado, suplicamos a Vuestro Señor que con el mayor rendimiento
sea elevada la acción de libertad y se nos deje en nuestro antiguo estado de
indios, pues en el ofrecemos ejercer todas las funciones de ciudadanos y
Patriotas[6].
A
su vez, José Vicente Sixo,
en representación de El Peñol, se lamentó de la pérdida de su antiguo estado, en el
cual dice estuvieron por gracia de la Divina Providencia y donde, según su
parecer, se sentían “muy gozosos sin que la ambición o vanagloria de ser
ciudadanos nos tire y persuada a gozar del concedido indulto y libertad”[7].
Su descontento también se presentó frente a la eliminación del tributo y la
imposición de otros impuestos pues, como indicaron, apenas
podían “pagar el corto tributo de su Majestad”, ahora cómo podrían cumplir, ya
en calidad de ciudadanos, con los derechos que se les “condena”[8].
Los
indios de Buriticá también fueron enfáticos en solicitar la “sanción de la
libertad para continuar en el antiguo estado de indios”[9].
Sin embargo, la Sala Primera de la Legislatura de Antioquia rechazó las distintas
peticiones y demandas, alegando que se trataba de una ley superior, de obligado
cumplimiento, aplicada a todos los reinos de Ultramar y basada en los
principios de justicia y libertad, en clara alusión a lo dicho en Cádiz.
A
raíz de la irreversible supresión del sistema antiguo, los choques e
inconformidades frente a la República comenzaron a aflorar entre las distintas
comunidades indígenas. En la ciudad de Marinilla, la Junta Provincial de
Seguridad y Vigilancia realizó un juicio sumario contra el indio Juan de Dios
Sánchez, vecino de San Antonio de Pereira, por haber “vertido sugerencias
sugestivas contra el Gobierno”[10].
Una
vez restaurada la autoridad real
con la llegada del general Francisco Warletta, los
resguardos acudieron a participar en los actos de desagravio y juras al rey
junto a las autoridades civiles y eclesiásticas. En esta ocasión, no se hicieron esperar las muestras de afecto al
soberano, señalando ya haber calmado la “tempestad” y cumplido sus “ardientes
deseos” de estar de nuevo bajo el cobijo del adorado Fernando VII[11].
A su vez, ofrecieron contribuciones y donativos en granos, cereales, pesca,
animales y otros abastos.
Este
suceso dejó al descubierto la existencia de una narrativa de lucha y resistencia que se expresó de manera simbólica y
pasiva frente a las armas, leyes, prácticas y autoridades republicanas[12]. Los indios de Buriticá,
por ejemplo, afirmaron que su obediencia hacia el nuevo gobierno había sido
ficticia y por ello anhelaban retornar al amparo del rey, a quien se referían como
su “padre, protector y salvador”. Además, se quejaron de la privación de su
protector de indios y, particularmente, de que sus privilegios habían sido
“violados y se nos obligó a obedecer órdenes contrarias a los sentimientos que
nos animaban”[13].
Constante
solicitaron al rey restituir los resguardos y devolver las tierras y
propiedades que habían sido enajenadas, repartidas o vendidas por la República.
Sobre todo, porque a consecuencia de esto, nativos como los del resguardo de
Sabanalarga se habían reducido, sus casas habían sido destruidas y su
agricultura había decaído dramáticamente. Un informe de Salvador de Guzmán y
Ferraro indicó que a consecuencia de la revolución muchos indios estaban en
fuga o hacinados en Cáceres, San Agustín y los reales de minas vecinos[14].
A su vez, razones como la anterior habían llevado a los indios del El Peñol a
pedir la expulsión de todos los libres de su jurisdicción y volver a repoblar
la zona con naturales[15].
En
1817 el pueblo de Ocaydó, supeditado territorialmente a Antioquia, pidió la
restitución de su corregidor, alegando que este fue el motivo por el cual no
fueron censados y, en consecuencia, no pudieron pagar el correspondiente
tributo. Lo cierto es que el desplazamiento de la población indígena dificultó
el censo, tributo y restitución de los resguardos; como afirmó Luis Antonio de
Villa, corregidor del pueblo de Sopetrán en 1818: la revolución había
ocasionado grandes pérdidas que los obligaron a abandonar el territorio[16].
Además de los anteriores casos, que evidencian la existencia de una rebeldía simbólica de los indios, quienes manifestaron haber aceptado el gobierno republicano por temor a represalias, también se observa una resistencia armada para frenar el avance revolucionario.
Extracto tomado del libro de John Alejandro Ricaurte Cartagena titulado "Hasta los gallinazos tienen rey". Guerrillas contrarrevolucionarias en la provincia española de Antioquia (1813-1830).
[1] Eran verdaderas repúblicas puesto que jurídica y
administrativamente eran reconocidas por el Estado y se diferenciaban de las de
“blancos”, es decir, los municipios o ayuntamientos en que poseían una
estructura social y organización propia. De ahí que, dada la relación histórica
con estos pueblos aliados, en Antioquia pervivió una concepción dual de la
administración: una república de “blancos” y otra de indios que, si bien tenían
una legislación y forma de gobierno diferente, hacían parte de un mismo Estado
nacional.
[2] Buriticá (729), Sopetrán (510), Sabanalarga (820), Cañasgordas
(158), La Estrella (620), El Peñol (de 822 la mayor parte), Sabaletas (499),
Ocaidó, San Antonio y Urrao. Víctor ÁLVAREZ MORALES (ed). La relación de Antioquia en 1808. Expedición Antioquia 2013, Medellín,
2008.
[3] AGI. Panamá, d. 229, l. 3, ff. 361v-363r.
[4] Superior Declaratoria en favor de la libertad de los indios tributarios.
AHA., Fondo Independencia, t. 824, d. 13004, ff. 77r-79v.
[5] Vale la pena aclarar que, en materia de tributos, la legislación
española les permitía pagar el tributo al rey en especie o metálico,
dependiendo de sus particularidades, actividad económica (indios de pesca, mina
y caza), geografía, economía y recursos. También según los artículos que
pudieran tributar: mantas, minerales, agricultura, ganado, tejidos, trabajo (en
obrajes) u otro tipo de servicio.
[6] AHA., Fondo Independencia, t. 822, f. 31r.
[7] AHA., Fondo Indios, t. 27, d. 857.
[8] AHA, Fondo Indios, t. 27, d. 857, ff. 2r-3v y Fondo Independencia, t.
822, f. 33v.
[9] AHA., Fondo Indios, t. 27, f. 424r.
[10] Junta provincial de seguridad y vigilancia, AHMA, Actas del
Cabildo, t. 94, ff-1-5, (julio de 1812).
[11] AHA., Medellín, Fondo Independencia, t. 836, f. 19r.
[12] Como
indica Yoel Castaño: “Con el ingreso de las tropas realistas de Warletta en la
Provincia de Antioquia, los indios vieron retornar por un corto período sus
antiguos privilegios y desaparecer la odiosa carga que para ellos implicaba ser
un ciudadano. Por un breve lapso de tiempo desapareció la incertidumbre a la
que se vieron avocados por el gobierno republicano, y hasta volvieron a
rematarse, a sacarse a pública almoneda y a cobrarse los tributos. También los
indios aprovecharon esa breve coyuntura para hablar con desdén del gobierno
insurgente, y recrear una leyenda negra de esa primera república, a la cual se
refirieron con términos como “tiempo calamitoso”, “tempestad política”,
gobierno “intruso”, “revolucionario” o “insurgente”...” Yoer CASTAÑO PAREJA,
“De menores de edad a ciudadanos: los indígenas de Antioquia y otras zonas
neogranadinas frente a los postulados libertarios de la primera república, 1810
– 1816”, Anuario Historia Regional y de
las Fronteras, v. 13, n. 1, 2008, pp. 50 y ss.
[13] Karina SALGADO HERNÁNDEZ, “Indios, ciudadanía y tributo en la
Independencia neogranadina. Antioquia [1810-1816]”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social 4 (2014): 26-43.
[14] AHA., Fondo Independencia, t. 868, d. 13579, ff. 1-2v.
[15] AHA., Fondo
Independencia, t. 858, d. 13447, ff. 153-154.
[16] AHA., Fondo Indios, t. 27, d. 873, ff. 45-46.
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