Los antioqueños eran consientes de
que su provincia estaba sumida en el más completo abandono y descuido por parte
de las autoridades coloniales. Santafé y Madrid eran dos centros del gobierno
borbónico muy distantes de Antioquia, que tenían sus agentes y funcionarios en su
territorio sólo para captar impuestos y poner leyes inequitativas a sus
habitantes.
Impuestos injustos que no eran
retribuidos en la provincia y que muchas veces servían para pagar guerras
externas, para mantener el aparato burocrático español y la vida cortesana de
Madrid.
Con los impuestos a la producción agrícola
y las rentas, pero sobre todo con el oro antioqueño, se estaba sosteniendo el
modelo de dominación del imperio español. Los antioqueños mantenía una economía
en recesión que poco los beneficiaba, era una administración inequitativa e
injusta con la provincia.
Por este motivo, los comuneros
antioqueños, gentes del común dentro de la que habían campesinos, mineros y
comerciantes, lanzaron 1781 una revuelta masiva no contra la soberanía del Rey,
sino contra sus funcionarios asentados en Santafé y Madrid, que ahogaban con impuestos
el progreso de los habitantes de la provincia de Antioquia.
Esta fue una de las razones por las
que desde 1810 se había creado en Antioquia, un proyecto autónomo e
independiente de cualquier centro colonial, llámese este Madrid, Santafé o
cualquier otro foco de poder fuera de la provincia. La provincia era entonces
pensada como un grupo de ciudades libres, entre ellas Santafé de Antioquia,
Medellín, Rionegro, Marinilla, Santa Rosa de Osos, Zaragoza, entre muchas otras
unidas por lazos históricos o por posición estratégica, en el momento de crear
el gran Estado. Incluso, el proyecto de Antioquia como Estado cobijó la
posibilidad de tener adscripción territorial con Chocó que dependía y tenía
fuertes lazos con Antioquia o con otras provincias más cercanas.
Pero Santafé estaba convencida de
mantener su centralidad y controlar el vasto territorio neogranadino, por esta
razón había proclamado su Junta de Gobierno como superior a las demás formadas
en el Nuevo Reino, -aún siendo las de Cartagena más antiguas y autónomas- amenazando
militarmente a aquellas provincias que no se sometieran a su dominio
territorial.
De ahí, que Antioquia apoyara el
proyecto de federación propuesto por Cartagena, había que federarse entre
provincias, pues el peligro no venía sólo del lado de los realistas, sino de
aquellas provincias que como Santafé querían someter militarmente a las demás. Para este propósito empleaban el argumento de
que habían gozado de la centralidad política otorgada por los monarcas
hispánicos, pero como esta centralidad había desaparecido con la ausencia del
Rey, sobre cada provincia recaía la soberanía, por lo tanto, su autonomía y
derecho de escoger libremente su forma de gobierno.
Mientras Santafé hacía la guerra a
las demás provincias del vecindario, Antioquia se centraba en organizar su
propio Estado, evitando una confrontación armada sobre su propio territorio
y conteniendo por medio de la diplomacia
a las provincias antioqueñas disidentes, separatistas o con ideas contrarias.
La primera tarea que se dieron las
elites dirigentes antioqueñas fue la de dotar el Estado de una constitución,
estableciendo la división de poderes. De esta forma nació un texto político
denominado el Reglamento de la Constitución Provisional de Antioquia, que
fue expedido el 27 de junio de 1811. Que aunque como su nombre lo indica era
provisional fue un paso más para dotar al Estado de Antioquia de una
constitución y un sistema legislativo que cobijara a todos los habitantes de su
territorio.
Para finales de 1811, se propuso el Reglamento
para el funcionamiento de los tribunales de Antioquia, encargado en esta ocasión
de la organización de la justicia estatal antioqueña. Quedaba entonces
formulado el proyecto de constitución de Antioquia con división de poderes y
autonomía gubernamental.
Lo anterior dejó constituido en su
forma política, administrativa y jurídica el proyecto de formación Estatal en
Antioquia, de manera que se comenzaba a materializar el deseo colectivo de
invocar una Patria común. Patria que apelaba a la noción de pueblo antioqueño dotado
de una personalidad histórica que se venía empleando en los discursos desde
1810.
Sin duda, esta fue una de las
mutaciones que ocasionaron estos acontecimientos políticos, pasando de ser
españoles peninsulares y americanos a ser definidos como antioqueños. Si
juntamos los dos conceptos el de pueblo histórico y a este le dotamos de un
Estado, estaríamos ante un nacimiento exitoso del proyecto de Estado-Nación,
puesto que los dos elementos se hallan en concordancia y se han desarrollado de
forma consensuada.
Este proyecto de Estado de Antioquia
de 1811 fue ratificado en la constitución de 1812 y al siguiente año en la de
1813, la última de las cuales sucedió en 1815, iniciando así la etapa
constitucional antioqueña, única en su historia porque fue el intento de los
antioqueños de dejar plasmado en un texto político sus aspiraciones como patria
libre y su modo particular de gobierno.
Se puede afirmar que fueron una
serie de constituciones basadas en principios modernos, pero a su vez basadas
en las necesidades y particularidades del pueblo antioqueño. Como muchos se lo
esperaban la constitución antioqueña a partir de 1813 en que se declara la
independencia absoluta de España estuvo bajo el peligro de la amenaza externa,
por esta razón este periodo constitucional desapareció en 1816 con la vuelta al
poder de los ejércitos del Rey.
Después de ello, se instauró un
régimen militar neogranadino-venezolano que expulsó a los españoles de los
territorios antioqueños y más allá de sus fronteras. De las constituciones
antioqueñas se volvió a saber poco o nada, después de tantas buenas intenciones
quedó poco. Es por esta razón que durante todo el siglo XIX los antioqueños
tuvieron que defender por las armas su proyecto estatal, entrando en una serie
de luchas políticas y militares por adquirir privilegios y autonomía para
gobernar su propio territorio y llevarlo por el camino de la paz y la
prosperidad.
