La formación del grupo parental y de negocios denominado el consorcio

Ilustración de Zuláibar de Gustavo Rico

Una de las redes parentales y de negocios de mayor importancia en Antioquia, se configuró en torno a las principales familias de la élite de Medellín. Estos clanes formaron uno de los consorcios comerciales y empresariales más destacados para este periodo, llegando a controlar gran parte del negocio exportador e importador: tenían acciones en la minería, agricultura y el negocio de la colonización –fundación de pueblos y parcelación de tierras– en el norte y sur de Antioquia.

En adelante nos referiremos a este grupo en particular como “el consorcio”, para diferenciarlo de otros circuitos familiares y comerciales formados en la región en esta época y que participaron en las mismas actividades económicas.

El consorcio fue un grupo de gran movilidad geográfica pues tenían a familiares, paisanos y amigos como agentes en las ciudades donde fundaron casas comerciales y tuvieron otras actividades mercantiles, pero también al participar de la colonización de tierras en distintas zonas geográficas. Por ejemplo, gracias al comercio hicieron presencia en urbes como Popayán, Honda, Bogotá, Mompós y Cartagena, esta última que comunicaba con puertos importantes de Atlántico como Sevilla y Cádiz, en España. Igualmente, a través de Kingston, y las Antillas en general, se relacionaron con otros países de Europa para exportar (oro en polvo, tabaco, cacao, etc.) e importar mercancías del extranjero.

Entre las familias más relevantes del consorcio se encuentra la de Miguel María Uribe Vélez, uno de los comerciantes más destacados de la élite de Medellín, vinculado con la actividad minera de finales del XVIII. Su fortuna provenía de las actividades mercantiles y la extracción de oro, llegando a realizar registros de introducciones durante más de 15 años, con un promedio de 3.049 pesos/año.

En 1779 se casó con Josefa María Restrepo Vélez, hija de Vicente Restrepo y Catalina Vélez Guerra, vinculándose así con dos familias pertenecientes a la élite económica de la región: él como minero e introductor y ella como hija del acomodado comerciante asturiano Juan Vélez de Ribero. La pareja dejó una numerosa e interesante descendencia que continuó y amplió su imperio comercial iniciado por las castas que representaban, principalmente los Uribe, Restrepo y Vélez.

Al enviudar Miguel María Uribe se casó nuevamente con María Gertrudis Vélez de la Calle, familiar de su antigua esposa y por tanto perteneciente a la misma élite mencionada que vinculó en una misma casa a tres de los más importantes linajes de finales de siglo, de los cuales hablaron Uribe y Álvarez en relación a las raíces del poder regional: los Vélez de Rivero (Juan Vélez de Rivero), los de la Calle (Francisco Ángel de la Calle) y los Restrepo (Alonso de Restrepo).

Igualmente, a través de sus hijas enlazó a otros integrantes de la élite y sub élite regional como los Gaviria (Eugenio y José Antonio, casados con Teresa y Rosa respectivamente), los Arango (Alberto Arango, casado con Rafaela), los Escobar (José María Escobar, casado con Gertrudis) y los Santamaría (José Antonio Santamaría y Fernández de Salazar, casado con María Francisca), entre otros.

Con esta última familia (Santamaría) cuyo progenitor fue el burgalés Manuel Santamaría, proveniente del valle de Mena, se formó un grupo parental y de negocios de notable importancia en la región. Este clan, junto al Zuláibar, fue el punto de anudamiento desde donde se configuró “el consorcio”, por cuya actuación política son mencionados en esta investigación: representantes del pensamiento realista, anti bolivariano y anti centralista.

Antonio Santamaría había llegado a Medellín a mediados del siglo XVIII, contrayendo en 1759 nupcias con María Josefa de la Calle Sánchez, proveniente de dos familias de la élite ya mencionadas para el caso de los Uribe (los de la Calle y los Vélez, por ser nieta del leonés Juan Pérez de la Calle y de la antioqueña Teresa de Jesús Vélez Toro).

Al quedar viudo contrajo nuevas nupcias con Josefa Isaza Vélez, descendiente por parte paterna del vasco de origen alavés Juan Baptista Isaza Goyeneche y del mismo tronco de los Vélez asturianos, teniendo una interesante descendencia. Los hijos de Santamaría contribuyeron notablemente a ampliar la red familiar, uniéndose en matrimonio con importantes familias de empresarios, mineros y comerciantes antioqueños, y con peninsulares recién llegados para acceder a los privilegios sociales y políticos a los que éstos tenían derecho.

Uno de esos inmigrantes recién llegados a la región fue el vasco José María Zuláibar y Aldape, nacido en un antiguo solar localizado en Zenauri, provincia de Vizcaya, en 1750. Sus padres fueron Francisco Zuláibar Hemaldi y Josepha Antonia Aldape Aldaiaran y sus hermanos María Josefa, Juan Antonio y Francisco.

Esta familia siguiendo la tradición del antiguo sistema de transmisión patrimonial vizcaíno llamado mayorazgo, concedió a María Josefa (la hija mayor) el derecho de heredar el lar paterno. Es así como al casarse ésta con Bartolomé de Rotaeche, en 1775, aportó 50.000 reales en censos y tres casas solariegas en Zenauri, entre ellas la casa armera de los Zuláibar.

Al resto de los vástagos de la familia le tocó asegurarse un futuro por otras vías. Las opciones que tenían los hijos varones normalmente oscilaban entre servir al rey –burocracia o carrera militar–, consagrarse al servicio religioso, casarse con otra heredera, migrar a otra provincia o al Nuevo Mundo para dedicarse a distintas actividades lejos del solar paterno (principalmente los oficios útiles, el comercio y la navegación).

En efecto, uno de los hijos, Juan Antonio, se enroló en la vida religiosa, llegando a detentar el cargo de obispo de Manila, en las islas Filipinas. Por su parte, José María y Francisco se dedicaron a las actividades comerciales, siendo el primero, quien optó por migrar a las costas de Tierra Firme, en específico, a la antigua provincia de Antioquia, una periférica, pero rica región ubicada en el equinoccio americano.

José María arribó en el último veinteno del siglo con la oleada de peninsulares que por esa época hacían presencia en el continente, gran parte de ellos provenientes del norte. Algunos vinieron insertos en cadenas de migración al acudir al llamado de uno de sus parientes ya establecidos, para heredar una propiedad, ejercer alguna actividad económica (comercio u oficios) o por haber sido promovidos por sus redes clientelares para ocupar algún cargo u oficio en la administración indiana. Sin embargo, la mayoría de estos inmigrantes eran jóvenes, desheredados y solteros que venían a probar suerte en el Nuevo Mundo.

Al contraer nupcias el 20 de junio 1784 con Inés, hija de Manuel Santamaría, José María se vinculó con la red parental denominada el “consorcio”. Al igual que su suegro, el vasco incursionó en el negocio de la explotación minera y en las actividades comerciales de la región, convirtiéndose en uno de los grandes introductores de Medellín, aportando un 33% de las mercancías que entraban en la villa. Además, en fechas posteriores llegó a poseer tierras, esclavos y minas en el norte de Antioquia, diversificando sus negocios representados en la acumulación de tierras, actividades comerciales y explotación aurífera.

Zuláibar también se destacó en la política local alcanzando a ocupar importantes cargos en el cabildo y la administración. Por ejemplo, fue diputado durante el mandato del gobernador interino Mon y Velarde. A su vez se desempeñó como administrador de la renta de correos entre 1788 y 1791 y teniente de gobernador en la jurisdicción de Santa Rosa de Osos.

Para ampliar su red parental José María Zuláibar vinculó a sus hijos en alianzas matrimoniales con otras familias de importantes mineros y comerciantes como los Barrientos y los Vásquez, que al igual que los Zuláibar eran colonizadores del norte antioqueño (valle de los Osos). Uno de los primeros enlaces realizados fue el de su hija Mercedes Zuláibar que contrajo nupcias en 1806 con el santarroseño Manuel Barrientos, reconocido empresario agrícola y minero cuyo abuelo era el gaditano, Fernando Antonio Barrientos, migrado a la provincia a mediados del siglo XVIII.

Los hermanos Barrientos, Manuel Salvador, Pedro y Francisco Javier, tenían propiedades de tierras en el norte recibidas en herencia por parte de su padre Joaquín Barrientos y otras adquiridas al participar en la fundación del municipio de Angostura, en los terrenos que pertenecieron al minero Miguel Restrepo. A su vez, la familia Barrientos se vinculó por vía de los negocios y relaciones de parentesco con los hermanos Pedro Luis y Julián Vásquez Calle, terratenientes en los alrededores de Santa Rosa y Angostura.

Manuel Salvador Barrientos figura también como propietario de minerales al occidente y norte de Antioquia (paraje Cucurucho y mina de San Lorenzo, respectivamente). Después de la muerte de Barrientos esta mina fue conocida como “la acequia de Doña Mercedes Zuláibar” puesto que su esposa continuó sosteniéndola durante gran parte del siglo XIX.

Las anteriores alianzas evidenciaron el carácter endogámico de las élites de la villa de Medellín de finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde gran parte de las élites comerciantes y mineras estaban vinculadas por medio de lazos familiares y empresariales. A ellas les sumamos otros linajes europeos que, una vez migraron, se integraron a las oligarquías locales: Francisco Rodríguez Obeso, Juan José Callejas, Juan Carrasquilla, José María de Aránzazu y Juan Bautista Barreneche. Además de otros comerciantes criollos como Mateo Molina, Francisco López de Hurtado, José Antonio Mora, José María Isaza y Miguel Jerónimo Posada.

En otras ciudades como Rionegro y Santafé de Antioquia existieron otros clanes relacionados con el comercio y la minería. Así se configuraron diferentes grupos de élites que más que competir entre ellos por el control de la economía de la región, abrieron otros espacios y mercados como el conformado en el occidente. Grupo que, además, como se verá más adelante, incursionó decididamente en la política de la Primera República.

Extracto tomado del libro "Hasta los gallinazos tienen rey".

Hispanoamérica: una mirada crítica entre el neo-hispanismo ideológico y el hispanismo académico

El hispanismo apoyado en la filología, historia y otras disciplinas sociales se había constituido en una corriente de gran relevancia, desarrollo y aceptación en el ámbito académico y universitario. Ello gracias a la elaboración seria, concienzuda y fundamentada de muchos estudiosos que llevaron el rigor académico, el compromiso intelectual y la profesionalidad hasta lo más alto de sus investigaciones.

Hoy para nadie es un secreto que el hispanismo dejó de ser una corriente de desarrollo exclusivo de los especialistas sociales, para pasar a un sector más amplio dominado por los divulgadores de contenido, aunque también aparecen algunos académicos de diversas especialidades que hacen, escriben y opinan sobre esta corriente, en particular sobre la historia.

Se trata de una ola de hispanistas que se subieron al tren cuando la obra Imperiofobia y leyenda negra de Roca Barea tuvo gran éxito en los países de habla hispana. Por solo nombrar algunos en el ámbito hispanoamericano aparecen apellidos tan activos, sonados y publicitados como Gullo, Lons, Zunzunegi y Aita.

Lo cierto es que este discurso tomó fuerza en una especie de neo hispanismo masivo y democrático, en medio de las celebraciones del segundo centenario de las Independencias, en el que, ya de una manera más digerible y menos academicista, decenas de divulgadores se dieron a la tarea bajar al público lego muchas de las teorías expuestas por los especialistas.

Esto, sin duda, catapultó el hispanismo a niveles jamás antes vistos, gracias al papel que jugaron las redes sociales en la difusión de este tipo de temáticas. Sin embargo, muchas de estas narrativas y obras carecían de rigor académico, no aportaba a la reflexión crítica y no tenía una adecuada atención y citación de las fuentes empíricas y bibliográficas.

Este último punto es muy importante puesto que, por las dinámicas mismas de la comunicación en las redes sociales y la naturaleza de esta neo-corriente, no se tuvo una posición clara frente al plagio de ideas, no se aportó al estado de la cuestión (en concreto a la historiografía) y no se tuvo un compromiso frente a los principios de rigurosidad, veracidad, objetividad y contrastación de datos.

Otra de las críticas personales a la neo corriente es la implantación rápida y masiva de ideas, algunas generalizadas y no tan precisas en un mundo tan amplio y diverso como lo es la hispanidad. Por ejemplo, quedó la sensación de que la hispanidad nació en Argentina en la década de 1920 como respuesta a la reivindicación étnico-cultural de los italo-estadounidense, cuando se apropiaron y dieron forma al Columbus Day. Se supone que, a partir de allí, a modo de imitación, la mayoría de los gobiernos hispanoamericanos instauraron este día (12 de octubre) como el Día de la Raza, siendo pionero el país austral en 1917, seguido por Venezuela y Colombia en 1921, Chile en 1922 y México en 1928.

Otro supuesto habla de que, a partir de allí, algunos intelectuales, entre ellos el padre Vizcarra, reflexionaron sobre el término hispanidad y lo que representaba el Día de la Raza. Idea que fue reforzada por otros filósofos y escritores como Maeztu, Gomá, García Morente, Basterra y Pemán. De ahí nació, según muchos teóricos, entre ellos el jurista Miguel Ayuso, el constructo que todos llaman hoy hispanidad, al menos como sustantivo propio.

Lo cierto es que esta coyuntura y este contexto particular representan solo un sector y desarrollo del hispanismo, aquel defensor de una idea nacionalista y europeísta de la hispanidad. Por ello la importancia de diferenciar este movimiento con el hispanismo americano decimonónico: aquel nostálgico de la España que se fue tras los procesos de Independencia y que se manifestó en intelectuales de la talla de Rubén Darío, José María Vergara y Vergara, José Eustaquio Palacios, Miguel Antonio Caro, Tomás Carrasquilla, José Vasconcelos, José Elguero Videgaray y Enrique de Olavarría y Ferrari, entre otros.

De otro lado, el hispanismo emergente a partir del 2016 no posibilitó el avance de los estudios literarios, filosóficos e históricos, al ser parte de una corriente poco original, que nació como copia de pioneros que ya habían alertado, por ejemplo, sobre la Leyenda Negra, como es el caso de Julián Juderías (1917). En especial, dado que este campo estaba condicionado o apalancado por las redes sociales y las dinámicas propias de la comunicación actual; es decir, la brevedad, la inmediatez, la actualización de contenido, la viralización y la monetización.

Todo ello abrió una brecha entre el hispanismo académico y la neo hispanofilia, la cual ya había sido identificada en la crisis que sufrió esta corriente (el hispanismo) en la década de 1980, en campos como la filología, los estudios literarios y la historia. Esta reflexión crítica puntual fue muy positiva para muchas de las disciplinas sociales en las que se apoyó; por ejemplo, de allí nació un periodo de renovación historiográfica que produjo cosas interesantes y, aunque estos trabajos no fueron hegemónicos, si lograron hacer frente a la publicidad de la Leyenda Negra a vísperas del quinto centenario.

Actualmente el hispanismo ha entrado en una fase de incertidumbre que no solo desdibuja lo ya avanzado en historiografía, sino que también pone en crisis la corriente misma, en particular, porque se le acusa de intentar reescribir la historia para cumplir con su propósito principal, combatir la Leyenda Negra. Del mismo modo se corre el riesgo de estar alimentando un hispanismo inconexo con la tradición académica, el ejercicio crítico y el rigor científico.

Lo cierto es que el neo-hispanismo ha planteado un reto para el hispanismo académico, al tener que competir con una corriente que tiene un frágil régimen epistemológico, una narrativa problemática y una deriva historiográfica; en particular, al convertirse en propaganda a la inversa, paradójicamente lo que tanto intentó combatir. Por esto se hace necesario abordar reflexivamente este fenómeno y aprovechar esta crisis para replantear metodológicamente una estrategia que vuelva a posicionar el hispanismo como una corriente seria, respetada y de gran desarrollo en el mundo.

Cuento: De la Isla a la Montaña Esmeralda

Al amanecer del 30 de enero de 1819 el buque Indian, bajo el mando del irlandés Cnel. Skeenen, naufragó en Francia con 780 aventureros embarcados en Dublín, Cork y Galway, contratados como auxiliares para luchar en las guerras de independencia suramericanas. Se trata de un momento dramático, donde los sobrevivientes intentan salvar sus vidas y lo que queda de su carga y pertenencias.

De quienes se salvaron, la mayoría desertó. Solo una porción decidió enrolarse nuevamente en el ejército expedicionario. Muchos marcharon convencidos de que luchaban por una causa justa, contra el absolutismo monárquico; otros vieron en los hechos una mala señal de lo que les esperaría en tierras lejanas, peleando una guerra ajena, según dicen, promovida por políticos y capitalistas del Parliament, en clara alusión a la casa Mackintosh que armó algunos de estos ejércitos privados.

John O’Brien, oriundo de Wicklow, es uno de los decididos a marchar pues la paga prometida en la oficina de reclutamiento le permitiría enviar dinero a su familia. Aunque también fantaseaba con lograr un ascenso militar; casarse, hacer fortuna en las minas de oro, tener un negocio, cultivar la tierra o hacerse con una propiedad. Especialmente, quería encontrar aventuras y por eso se enlistó en otra expedición rumbo a Tierra Firme: se trata de un ejército de legionarios, bien apertrechados y armados (con cuadros de caballería, infantería, rifles y naves artilladas).

En su diario narró día a día los periplos por los que pasó en ésta, su aventura americana, en su orden: desembarco a Guyana, reparto en compañías, cruce del Orinoco, integración a la Legión Irlandesa, campaña de Riohacha, deserción de la Legión, campaña del Sur, batalla de Bomboná y Ayacucho, licencia, carta de retiro y de naturaleza, y su último capítulo titulado La Montaña Esmeralda.

Podríamos hablar de las aventuras y actuación de un oficial irlandés en la Independencia suramericana; de sus compañeros caídos, los motivos de insubordinación de la Legión Irlandesa y su traslado a las Antillas y Canadá; de quiénes continuaron luchando, de cómo integró los batallones Albión y Rifles. ¡En fin! Ello daría para una historia voluminosa, concienzuda y densa, aunque corta comparada con su precario, íntimo y modesto diario. En vez, iniciaremos por el final del relato, explicando cómo y por qué se quedó para siempre en la Montaña Esmeralda.

Todo comenzó en Ayacucho cuando se le acercó un joven antioqueño herido, empeñado en no despedirse de este mundo hasta tener el último adiós de su madre y una cristiana sepultura. Ante su insistencia, y para que pudiese descansar en paz, el compasivo irlandés prometió enviar a su madre, doña María Aristizábal, la encomienda: una melancólica carta, monedas de oro y una figurita de la virgen de la Candelaria.

El acto le recordaba a muchos de sus paisanos que vio caer en batalla. Sus familiares no recibirían noticias pues la mayoría serían quemados y enterrados en fosas. Y aunque no sabía dónde quedaba Antioquia y cuánto tendría que cabalgar para llegar hasta allí, emprendió la marcha aprovechando el retorno del Batallón Rifles al Norte. Pasó la cordillera, se embarcó en Guayaquil e hizo el trayecto hasta Panamá donde atravesó el corazón de la selva del Darién, cruzó el Atrato y se internó hasta lo profundo de la provincia pasando por Urrao, Betulia, Bolombolo, Titiribí y Medellín.

En esta última, un ingeniero irlandés, O´Fallan, le ofreció trabajo en las minas de Marmato y Supía, en la Western Andes Mining Company Ltd. (sur de Antioquia). En este lugar laboró hasta que conoció a Luisa Arenas, se casó, tuvo dilatada descendencia y se fue a vivir a Medellín. En 1830 conoció a Tyrell Moore y se fue a trabajar con el minero y empresario en el Norte de Antioquia: Santa Rosa, Anorí y Amalfi.

Sobre si cumplió su promesa de entregar la carta, oro y virgencita de la Candelaria tallada, se puede decir que por mucho tiempo intentó buscar a la angustiada madre, basado en los rasgos físicos, nombre, apellido y dirección, pero nadie supo dar razón de ella. En 1833, cuando estaba a punto de desistir, escuchó de un arriero la desgarradora historia de una anciana de Santa Rosa que había perdido a su hijo menor en la guerra del Sur.

Él había oído el relato personalmente del científico Boussingault que pasó por Rionegro, Medellín y Santa Rosa una década atrás y se hospedó en la casa de doña María. Decía el arriero: —Ella le preguntaba insistentemente por la suerte de su hijo, pidiéndole llevarle una bolsa de granos de oro; pero el francés sabía que todo el batallón de antioqueños había ofrendado su vida en las campañas del Sur.

El arriero le proporcionó la información para encontrar a doña María, quien se había mudado a Medellín hace algunos años. Inmediatamente, O’Brien fue en su búsqueda, siendo el encuentro muy especial. Además de entregar el encargo, dio la ubicación del cementerio donde pagó para darle cristiana sepultura al joven, incluso los acompañó hasta el Perú a recuperar sus restos mortales y traerlos a casa.

Muy pronto se extendió por la región la historia del oficial irlandés que cruzó los Andes para cumplir la promesa de un moribundo soldado antioqueño. Ello, indubitablemente, borró la imagen negativa que pesaba sobre los irlandeses luego de que el funesto Ruper Hand, que estaba bajo el mando de sus paisanos: Gral. O´Leary, Cnel. Fergusson y cap. O´Caw, diera muerte al prócer de Antioquia José María Córdova.

Si preguntan por qué un irlandés llamó al último capítulo de su diario Vida en la Montaña Esmeralda, se debió a que, como todos saben, ambos territorios compiten en belleza, magia y verdor. Lo cierto es que O’Brien amó a su nueva familia y patria de acogida (Antioquia), tanto como la que dejó atrás, su natal Irlanda.

Autor: John Alejandro Ricaurte

Año 211 de la Independencia de Antioquia, apuntes del libro Hasta los gallinazos tienen rey

En 1813 se produjo un giro inesperado en el debate político al derivar la soberanía regia –depositada momentáneamente en el pueblo– en un proyecto autonomista. Ello significaba que, por primera vez desde su fundación, la provincia no estaría supeditada a un gobierno monárquico. Sin duda un hecho dramático, dado que si algo había caracterizado a los españoles de este lado del Atlántico era su vínculo histórico y cultural con el mundo hispánico, sobre el cual se edificó su propia civilización, orígenes y sistema de valores.

    En Antioquia los lazos de unión con la Península eran notorios, especialmente, por los vínculos de sangre existentes, pues por 150 años consecutivos una buena parte de los antioqueños acogieron en su interior las últimas oleadas de españoles emigrados al Nuevo Mundo[1]. Por consiguiente, a vísperas de la Independencia al interior de las principales familias locales había algún peninsular: padres, tíos, abuelos, cuñados, yernos, etc. A parte de ello, también estaban integrados a sus círculos sociales, de poder y de negocios, en tanto que esta había sido la estrategia de las élites regionales, especialmente durante el régimen borbónico, para preservar el control económico y político[2].

    Por ejemplo, en la época, el gran comercio provincial estaba repartido en partes iguales entre peninsulares y criollos. Así lo señalan Uribe y Álvarez al encontrar que la élite pre-independentista antioqueña estaba constituida por 20 agentes: “10 españoles de nacimiento y 10 de origen criollo, provenientes de los principales poblados; todos vinculados con la actividad mercantil especulativa, en torno a la cual se desarrolla la economía provincial”[3]. (Ver tabla)

Tabla. Élite comercial pre-independentista antioqueña

    De manera que en la región los españoles europeos eran considerados como una parte esencial de la sociedad, por tal motivo, no se puede atribuir a los odios y desavenencias entre peninsulares y criollos como catalizadores del proyecto autonomista de 1813. Esto dado que este colectivo estaba plenamente integrado en la población local como familiares, colegas, socios y amigos.

    En este contexto, los peninsulares ayudaron a constituir una élite solidaria y cohesionada, vinculada por fuertes lazos parentales y económicos que operaron más allá de los intereses y convicciones políticas. Estos valores fueron traspasados en la cotidianidad al resto de la sociedad, lo cual favoreció el desarrollo de prácticas asociadas a la autoprotección, solidaridad, amortización de riesgos y solución de conflictos por medio del consenso, mediación y negociación.

La singularidad antioqueña durante el movimiento juntista y constitucional

    El proceso de independencia de Antioquia presentó grandes diferencias en relación con otros modelos paralelos en Hispanoamérica, caracterizado por la neutralización de la violencia a través de las estrategias de mediación y negociación. A partir de la irregularidad política ocasionada por el vacío del poder regio, contrario a lo que sucedió en otros territorios como Caracas, Quito, Santafé de Bogotá y Cartagena, en esta región la transición entre gobiernos –monárquico y republicano– se desarrolló sin mayores trastornos. No se observa la presencia de disturbios o alteraciones del orden público y tampoco se depusieron las autoridades virreinales. Por el contrario, la discusión y toma de decisiones a partir de 1810 fue convocada, organizada y presidida por el gobernador Francisco de Ayala, panameño y representante del rey en la provincia.

    Otra particularidad del movimiento juntista y constitucional antioqueño fue la ausencia en sus ciudades y villas de extremistas liberales o agitadores que pudieran incidir categóricamente en la transición de gobierno. Aspectos como la vocación al trabajo minero y labores agrícolas de sus habitantes, propios de una sociedad de pequeños propietarios, básicamente rural y dispersa, sumados a la escasez de instituciones educativas y el aislamiento geográfico, incidieron en la escasa circulación de ideas ilustradas, material prohibido y en la radicalización de la población.

    De igual forma fue minúscula la presencia de extranjeros, por lo que no pudieron influir en la trasmisión de ideas ajenas y contrarias a las implantadas por el régimen monárquico español. Además, las continuas prohibiciones, restricciones y expulsiones efectuadas por la corona impidieron la presencia masiva de foráneos en sus dominios. Por ello, los pocos individuos de esta condición presentes en Antioquia en el siglo XIX[4], cumplían los requisitos legales para avecindarse: ser católicos, declararse súbditos del rey español y ejercer “oficios mecánicos útiles a la república”[5].

    En el caso de las élites políticas y económicas, de las cuales se supone tenían mayor contacto con Europa, es posible observar que tampoco fueron impulsoras de las ideas radicales que circulaban a ambos lados del Atlántico. A esto se refirió José Manuel Restrepo, quien llamó la atención sobre el exiguo nivel cultural y educativo en que se hallaba sumida la provincia, acusando las causas de este atraso a la carencia de instituciones educativas, la escasa circulación de libros y la minúscula presencia de un personal instruido:

Los establecimientos públicos de instrucción eran reducidos… las familias más ricas solían enviar a los colegios de Santafé (Bogotá) alguno de sus hijos a recibir la instrucción con el fin de seguir la carrera eclesiástica y que disfrutaran de las capellanías de la familia… Los libros de toda especie eran rarísimos; los jóvenes que volvían de los colegios de Santafé traían algunos in folio en latín, que les habían servido para sus estudios… un Ejército Cotidiano o un Ramillete de Divinas Flores, eran estimados como un tesoro en las familias que tenían la dicha de poseerlos; los sujetos más adelantados solían tener alguna obra de la literatura española[6].

    Adicionalmente, antes de 1813 no se conoce la acción de las nuevas formas de sociabilidad que se estaban extendiendo por América desde finales del siglo XVIII: tertulias, sociedades masónicas, de amigos del país, de lectura o recreativas a las que se puedan asociar elementos de expresión característicos de la modernidad. Así lo confirma Renán Silva en su estudio sobre la cultura ilustrada neogranadina al preguntarse por la extensión de este tipo de instituciones en el territorio:

…la pregunta sobre su extensión en el caso de Nueva Granada, pues su carácter minoritario, reducido aun dentro de las élites sociales, parece un hecho confirmado. Es por ejemplo notable que la correspondencia de los naturalistas de Popayán nunca mencione este tipo de “asociaciones literarias”, como no se mencionan sino tardíamente para Cartagena y, por lo que conocemos, en ningún caso se mencionan para la ciudad de Mompóx ni para la provincia de Antioquia[7].

    De manera que no se hallan en la primera década del siglo elementos sediciosos, ni aficionados a las ideas francesas o liberales en forma tal que pudieran desestabilizar o ser una amenaza para la soberanía hispánica del territorio. Por el contrario, la Ilustración irrumpió en la provincia bajo el filtro español, por la vía de los mismos peninsulares súbditos del rey que formaron parte de las élites comerciales. Es el caso de José María Zuláibar, de quien se decía que fue “el peninsular más ilustrado que vino a establecerse en la antigua provincia de Antioquia”[8], quien además mantuvo su fidelidad intacta al monarca y la nación española en los momentos en que su soberanía estuvo amenazada.

    En consecuencia, el grupo que participó en el proyecto independentista fue reducido y heterogéneo si lo comparamos con otros proyectos paralelos formados en ciudades como Cartagena y Caracas. Algunos de los constituyentes antioqueños contaban con estudios previos como los abogados Juan de Dios Morales, José María Montoya, José María Ortiz, Manuel Martínez, José Manuel Restrepo, José Antonio Gómez, José Antonio Pardo, y los religiosos Lucio Villa y Manuel José Bernal, quienes por sus conocimientos y preparación fueron invitados a apoyar las juntas de gobierno. Incluso en las primeras juntas y procesos constitucionales participaron europeos como Juan de Carrasquilla, evidenciando que éste proceso no fue exclusivo de las élites criollas y que muchos de ellos estaban emparentados con peninsulares.

    Los representantes del proceso juntista y constitucional antioqueño, entre 1811 y 1815, además compartían entre sí vínculos familiares y mercantiles, formando parte de las élites económicas y políticas de la provincia. Así, el presbítero José María de la Calle e Isidro Peláez, tenían vínculos con la tierra. El primero se dedicaba a la agricultura, las concesiones de tierra y participó en la fundación de Amaga, mientras que el segundo fue propietario de tierras y productor de maíz.

    Por otro lado, individuos como Manuel Martínez, José María Ortiz y José Manuel Restrepo habían incursionado en la minería y comercio. Además de ello, estaban emparentados con las élites regionales como José María Montoya y Pantaleón Arango, quienes tenían vínculos con grupos mercantiles y Lucio Villa quien tenía relación con el sector minero[9].

    En síntesis, las relaciones existentes entre europeos y criollos al interior de las élites antioqueñas fueron claves para marcar la diferencia frente a otros procesos políticos que por la época se desarrollaron en otras latitudes de América. Evidencia de esto fue la singularidad de un conflicto entre republicanos y realistas no marcado por la violencia y eliminación del contrario, sino por la negociación política, la interpretación laxa de las normas y las prácticas de indulto y perdón.

    En este sentido, por lo general, el deseo de implantar un proyecto político determinado, más que pretender la eliminación física del adversario –que podrían ser familiares, socios o paisanos–, buscó la mediación como estrategia para incorporar a sus antagonistas ideológicos y políticos, ya sea dentro del cuerpo de la nación española o por fuera de ella al participar de la creación de la nueva república.

Los indios realistas en Antioquia, parte 3 (última)

Los indios, las armas y el reclutamiento militar (forzado y voluntario) en Antioquia

Para la creación de un ejército capaz de defender la nueva Constitución, el Estado Soberano de Antioquia, a través del Reglamento de Milicias de 1812, normativizó el servicio militar para todos los indios que fueran tributarios y solteros: diez años en tiempos de paz o seis en caso de guerra. En 1813, valiéndose de este mecanismo, el presidente-dictador Juan del Corral, enroló a centenares de indios y pardos de la provincia para formar la 2ª y 3ª compañía de milicias[1] . Por si fuera poco, ordenó a los aborigenes de Sabanalarga la defensa de la frontera chocoana, que estaba bajo la amenaza realista y formó con los de Cañasgordas la Compañía Sagitarios del Estado, comandada por su gobernador, a quien se le asignó un sueldo y jerarquía militar.

Aunque la medida era nueva e injusta, los nativos aceptaron el llamado a las filas para no ser tratados como enemigos de la República, apátridas o renegados. Por ello, el cabildo de El Peñol manifestó: “en lo sucesivo cumpliremos con nuestro estado antiguo, como leales vasallos de nuestro soberano rindiendo en su defensa si necesario fuere nuestra vida bajo de disciplina militar”, no obstante, nadie lo expresó mejor que los indios de Buriticá, al decir:

…ofrecemos ejercer todas las funciones de ciudadanos y Patriotas, no rehusando ninguna expedición que se proyecte, pues para ser útiles en este caso nos prestamos voluntariamente a sufrir la disciplina militar, pues para su instrucción pedimos a cabo, que nos enseñe el manejo de armas[2] .

Además de la obligación militar, se dictaminó el servicio civil indígena para la construcción de vías y fortificación de puntos estratégicos. Ambas cosas ocasionaron la disminución de la población joven en los pueblos de indios y por ello fueron frecuentes las quejas al considerar que las medidas iban en perjuicio de su comunidad. Por ejemplo, en julio de 1816, durante el gobierno restaurador encabezado por el coronel Francisco Warleta, los resguardos de Sabaletas, Buriticá, La Estrella y Santa Bárbara solicitaron la exención del deber de trabajar en la construcción de los caminos de la provincia[3] .

A su vez, pidieron la restitución del sistema antiguo, lo que indubitablemente ocasionó que muchos pueblos aborigenes abrazaran nuevamente la monarquía tal como se observa en las contribuciones que hicieron a la Corona en hombres, alimentos, ropa y alojamiento a las tropas que ocasionalmente ocuparon su territorio[4] . Sobre esto, se ha señalado el temor del régimen republicano a que comunidades como las de Buriticá y El Peñol se enrolaran voluntariamente en la milicia real a causa de lo impopular que había resultado la aplicación de medidas como la abolición del tributo y los cabildos[5] .

Quizás ello llevó a muchos indígenas a tomar las armas y apoyar las operaciones contrainsurgentes adelantadas en Antioquia. En abril de 1816 el coronel Warleta informó desde su cuartel en Rionegro sobre la inclinación por el Rey que tenían los habitantes del Nare por participar contra “las fuerzas rebeldes, que se hallaban en dicho punto y estrechura de Carare”[6] . A su vez, el 25 de agosto de 1819, el coronel revolucionario José María Córdova en su arribo al Nare encontró y capturó una guarnición realista (76 prisioneros) formada por individuos de todos los colores: indios, mestizos, negros y blancos[7] .

Del mismo modo los indios del resguardo de Sabaletas, cuando llegó el gobierno restaurador de Warleta a la provincia de Antioquia, realizaron acciones antirevulucionarias y evitaron la fuga de los comprometidos con el gobierno insurgente. Bárbara Tanco, esposa del presidente Dionisio Sánchez de Tejada, quien también había huido, afirmó que alrededor de “30 granadinos no se había atrevido a pasar por el pueblo de Zabaletas, donde unos pocos indios incitados, según se dijo, por el cura Duque, se opusieron a su pasaje”[8] .

En el sur de la provincia, en los límites con el Cauca fue constante el enrolamiento voluntario y masivo de indígenas en los ejércitos del rey. Simón Muñoz, un guerrillero del Patía que llegó a detentar el cargo de teniente coronel, tomó la villa de Anserma con una partida de realistas, dentro de los que se enrolaron algunos indios. De esta forma, se unió el sur de Antioquia con las huestes del coronel Sebastián de la Calzada[9] . Éste último jefe realista tenía más de dos mil hombres bajo su mando, de los cuales, al menos la mitad, eran indios de los alrededores de Popayán y Pasto enviados por el obispo Salvador Jiménez de Enciso[10] .

Los hombres de Calzada realizaron varias operaciones militares en Antioquia, siguiendo la orden del virrey Sámano de ocupar la región y unirla con las provincias del Cauca y Cartagena. Por ejemplo, envió tropas sobre Zaragoza con el fin de apoyar las fuerzas de Warleta y las guerrillas que actuaban en el norte (las de Zuláibar, Larruz y Arias) en las que también había indígenas enrolados. Sin embargo, fueron enfrentados cerca del brazo de la Mojana, que comunica los ríos Cauca y San Jorge, acción en la que fueron capturados y pasados por las armas los oficiales del ejército real José Guerrero Cabero y Carlos Ferrer, además de 60 soldados pertenecientes a la tropa llana[11] .

Pese a este fracaso, Calzada llegó a reclutar un regimiento de 3.700 hombres, la mayoría indios y negros del Cauca, Popayán y Pasto. Estos fueron los encargados de mantener la hegemonía realista en el sur del virreinato. Incluso planearon la toma de Santa Fe de Bogotá, aprovechando que todos los rebeldes se encontraban en dirección a Cartagena.

En Riosucio, cuando los revolucionarios retomaron la provincia de Antioquia (finales de 1819), muchos realistas tuvieron que pasar a “Popayán por la Vega de Supía con el ánimo de hacer resistencia”. Allí se instalaron los españoles Hermenegildo y Miguel Mendiburt y formaron una guerrilla a la que se unieron milicianos procedentes del antiguo resguardo indígena de La Montaña[12] .

En caso contrario, en provincias como Chocó, Antioquia y Panamá algunos indios no incorporados apoyaron las huestes republicanas con hombres, víveres y vituallas. Es el caso de los kuna que hostigaron a los españoles y apoyaron a los revolucionarios para mantener su libre comercio, en particular con los ingleses[13] . Al punto que, por su asistencia y servicios prestados al capitán Juan María Gómez en la toma del Chocó, el coronel José María Córdova, en noviembre de 1819, les donó la bandera republicana y les dedicó un emotivo discurso:

…os ofrezco la bandera como una señal de unión y estrecha amistad que los granadinos y venezolanos libres contraen con los valerosos cunas. Esta unión debe ser eterna e inviolable. Vosotros habéis nacido en la América y nosotros también, de tal suerte que somos hermanos. Vosotros sois enemigos de los españoles, y del otro lado del mar vinieron a esclavizaros y a quitaros los frutos de vuestras sementeras y los productos de nuestra caza y nuestra pesca. …Así el exterminio de los españoles como enemigos implacables de los americanos es el interés de los parientes cunas y el nuestro. Hacedles cuanto mal podáis si invaden nuestro territorio o quisieren subir de nuevo al Atrato. Uníos con los republicanos que son vuestros hermanos y amigos, que siempre os protegerán y jamás pensarán como el español en hacerlos esclavos. Si algunos de nuestros soldados o de nuestro partido llegan a vuestras habitaciones, socorredle, tratadle como amigo y dadle las noticias que necesitase. Nosotros ejecutaremos lo mismo y siempre seremos los más íntimos amigos de las cunas[14] .

A parte de lo anterior, se sabe que en enero de 1820, los indios del Citará apoyaron con pólvora, hombres y pertrechos la toma republicana del sitio de Murrí[15] . De esta forma, las selvas occidentales chocoanas, del Urabá y el Darién, y en particular la navegación del río Atrato, se convirtieron en sitios hostiles e infranqueables para los ejércitos fieles al rey español.

También, la República continuó con la campaña de levas (forzadas) indias, contando con la reprobación y resistencia de estas comunidades y familias. El 20 de agosto de 1820, Josefa y Nepomuceno Moreno, indios del pueblo de Sabanalarga, pidieron que su hermano José María fuera exento de la milicia, alegando la necesidad de brazos para su sustento económico[16] . Bajo la misma línea, la india Mercedes Vélez, pidió al protector de naturales eximir a uno de sus hijos del servicio dado que era viuda y anciana[17] .

Nuevamente en 1821 el corregidor de La Estrella, cercano a Medellín, solicitó la dispensa del servicio militar a todos los indios tributarios que habitaban en el antiguo resguardo. La razón que expuso fue que este pueblo se estaba quedando sin brazos para su sobrevivencia, alegando que recientemente habían reclutado 12 indios y tan solo quedaban 130 individuos hábiles en toda la comunidad[18] .

No cabe duda que el reclutamiento forzado, la abolición de los resguardos, la enajenación de las propiedades comunales y la crisis económica producto de la guerra produjeron un descenso demográfico en muchos de los pueblos de indios tributarios: en algunas comunidades la situación fue tan dramática que se vieron condenadas a su extinción, destierro y pérdida de su cultura ancestral.

En síntesis, mientras la lucha liberal y revolucionaria abogó por la abolición de los privilegios colectivos, la eliminación de los sectores tradicionalistas, la supresión de la superstición, la enajenación de sus tierras ancestrales y la extirpación de los arraigos y costumbres populares; el régimen de dominación española hizo lo posible por brindar defensa y bienestar a sus aliados y vasallos indios.

Lo anterior hizo que la mayoría de los indios tributarios tomaran partido y opinión en favor del rey español e hicieran generosos aportes en efectivo, especie, servicios y hombres (fuerza militar y laboral). Después de todo los indígenas de los resguardos eran conscientes y se anticiparon a prever que lo que estaba en juego era la defensa de su sistema de gobierno (tradicional, garantista y pactista), su propia superveniencia, además de su sustento material y espiritual.

Este apartado hace parte del libro ¡Hasta los gallinazos tienen rey! Resistencia contrarrevolucionaria en la provincia española de Antioquia (1813-1830).

En específico del capítulo llamado Desleales, contrabandistas y conspiradores. Estrategias de los antioqueños frente a las redes de centralización del poder (1819-1830).

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[1] Frankly SUÁREZ, Representación y defensa en la Primera República Antioqueña, 1808-1816, Academia Antioqueña de Historia, Medellín 2014, 65.

[2] AHA. Fondo Independencia, t. 822, f. 31r.

[3] AHA. Fondo Independencia, t. 836, ff. 1r - 20r.

[4] Según Salgado en el: “contexto de reconquista hispánica, sectores indígenas apelaron al antiguo régimen y a su estatus colonial para declararse contrarios a la legislación independentista, que les invalidaba sus privilegios como grupo social. Karina SALGADO, op. cit. 37.

[5] Al respecto, Salgado, citando a González en su monografía de historia llamada: “Indios y ciudadanos en Antioquia 1800-1850. Demografía y Sociedad”, indica lo siguiente: “La historiadora Lina González resaltó que esa inconformidad, tanto en El Peñol como en Buriticá, representaba un alto potencial para el posterior alistamiento en el ejército realista, lo que incidía en el temor de las autoridades independentistas”. Ibíd. 36.

[6] El Nare, el río más importante del Altiplano conocido como Valle de San Nicolás, pasó por jurisdicción del pueblo de Indios del Peñol, en un entramado de caminos prehispánicos, diseñados para el intercambio comercial y la trashumancia. El puerto que desemboca al Magdalena se pobló con indios, mestizos y libres que se asentaron en busca de oro. Archivo Histórico de la Nación. Historia t. 19, f. 532 r. y t. 1, f. 553 v.

[7] Orlando MONTOYA y Mauricio RESTREPO, Chorros Blancos y la Independencia de Colombia, Academia Antioqueña de Historia, Medellín, 2020, 308.

[8] José Manuel RESTREPO, Autobiografía…, op. cit. 17.

[9] Mariano TORRENTE. op. cit. 80.

[10] Gustavo GARCÍA, Un obispo de historia, el obispo de Popayán: Don Salvador Ximénez de Enciso, Caja de Ahorros Provincial de Málaga, Málaga, 1961, 218.

[11] Roberto CADAVID, Historia de Antioquia, Argos, Medellín, 1996, 200.

[12] Riosucio se creó a partir de la unión del resguardo indio de La Montaña y el Real de Minas de Quiebralomo. Álvaro GÄRTNER, Guerras civiles en el antiguo Cantón de Supía: relatos de episodios armados acaecidos entre el siglo XVI y el XIX: luchas por las tierras del oro. Editorial Universidad de Caldas, Caldas, 2006, 50.

[13] Heraclio BONILLA (Comp.). Documentos de la Reconquista de Colombia. Transcripciones del Fondo Documental “Pablo Morillo”. Centro Cultural y Educativo Español Los Reyes Católicos-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011, 128.

[14] Pilar MORENO DE ÁNGEL, Correspondencia y Documentos del General José María Córdova, Editorial Kelly, Bogotá, 1974, t. 1, 102 y ss.

[15] Ibídem.

[16] AHA. Fondo Independencia, t. 913, ff. 16r-29r.

[17] AHA. Fondo Independencia, t. 918, ff. 270r - 272r.

[18] Ibíd. t. 921, f. 92r.

¡Hasta los gallinazos tienen rey!

Los oficiales del ejército español, a la cabeza del virrey Sámano, consideraron a la antigua provincia de Antioquia como el territorio más importante, geoestratégicamente hablando, donde se podía ganar o perder (como efectivamente sucedió) la continuidad del régimen Borbón en Suramérica.

En particular, porque mantener bajo el control del rey este territorio significaba mantener en pie de lucha el cordón occidental que unía a los territorios realistas en el Caribe como Cartagena, Panamá, Santa Marta, Centro América y Cuba con sus pares más australes del Pacífico, los casos de Cauca, Popayán, Pasto y Quito, hasta el corazón del virreinato del Perú.

No es casual que la toma de la provincia de Antioquia significó la pérdida de comunicación entre el norte y el sur realistas, territorios hacia donde planificadamente se dirigieron las huestes de Bolívar para estrangular el pensamiento y resistencia realista de la plataforma continental.

Esta es la razón por la que este libro ¡Hasta los gallinazos tienen rey! presenta un análisis que pone en el mapa mundial a una provincia que, aunque periférica, siempre fue considerada como la “la esquina de las Américas” y la “joya de la corona” por su oro, comercio y por conectar el centro y sur del continente y los dos grandes océanos (Atlántico y Pacífico).

Todo este esbozo y análisis histórico lo encuentras en esta concienzuda investigación que ya es un clásico del pensamiento, actuación y resistencia realista en Hispanoamérica: sin duda una de los primeros ensayos históricos que se ha hecho que relata y rescata la memoria de los sectores subalternos (indios, mestizos, negros y blancos pobres), los vencidos, los invisibles y los proscritos.

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Los indios realistas en la provincia de Antioquia, parte 2

 

La resistencia simbólica y silenciosa de los pueblos de indios en Antioquia

En Antioquia la resistencia indígena frente al proceso revolucionario no fue masiva, decidida y cruenta como si sucedió en otras provincias neogranadinas: los casos de Santa Marta, Riohacha y Valledupar en el norte (Caribe) y los de Popayán y Pasto en el sur (Pacífico). Básicamente, porque las comunidades indias del interior de esta región andina eran minúsculas, dispersas y políticamente desorganizadas. Caso contrario se presentó en las comunidades periféricas, más numerosas y concentradas en territorios donde no hacía presencia la administración virreinal (estaban por fuera del sistema de dominio español). Por ello, valdría la pena distinguir estos dos tipos de grupos étnicos que coexistían en la región para entender mejor su inserción o rechazo, de cara al advenimiento de la Republica.

Dentro de los nativos incorporados al régimen español, a quienes también podríamos llamar “tributarios”, se encuentran los resguardos o “pueblos de indios”[1]. De ellos en Antioquia a vísperas de la Independencia quedaban solo diez de importancia: Buriticá, Sopetrán, Sabanalarga, Cañasgordas, La Estrella, El Peñol, Sabaletas, Ocaidó, San Antonio y Urrao. Vale la pena mencionar que eran comunidades pequeñas y dispersas, como indica en 1808 el registro de indios tributarios: contados a partir de los varones entre 15 y 45 años[2].

Por su parte, los no incorporados tenían comunidades más numerosas que vivían según las autoridades, en estado “salvaje” y muchas veces nómada. Hablamos de grupos humanos pertenecientes a las etnias kunas, tule, chocoes y emberas asentadas en territorios donde no había presencia de la administración. Eran tribus belicosas que históricamente estaban en estado de guerra con la Corona española, lo que los hizo aliados estratégicos de potencias extranjeras con las que tenían trato comercial, negocios y asistencia mutua; razón por la que allí se desarrolló el contrabando y otras prácticas subrepticias[3].

No es casual que algunos de los anteriores grupos apoyaran las huestes revolucionarias, dada su rebeldía y hostilidad frente a los españoles. También, como se ha mencionado, por su cercanía y afinidad con las potencias rivales extranjeras como Gran Bretaña. En el caso contrario, los indios aquí llamados “incorporados” o tributarios mantuvieron una relación de dependencia y fidelidad frente a la Corona y, por tanto, reaccionaron y resistieron de manera simbólica o armada cuando sus lealtades, sistema de gobierno y alianzas se vieron amenazadas. 

A este punto, es necesario señalar que, paradójicamente, fueron las Cortes de Cádiz las que, inicialmente, rompieron la relación de vasallaje histórico mantenida con estas comunidades. Ello, a raíz de la aplicación de medidas liberales como el decreto que ordenó la exención general del tributo indígena en marzo de 1811. Dictamen que en junio fue incluido en la Constitución Provisional del Estado Soberano de Antioquia, la cual aún reconocía el derecho de gobernar de Fernando VII y fue firmado el 18 de diciembre por Miguel de la Calle, José Pardo, Pantaleón Arango, Pablo Zuluaga y Gómez de Salazar[4].

Al siguiente año (1812) el Poder Legislativo del Estado de Antioquia suprimió definitivamente los fueros, justicia y sistema fiscal propio indio, declarándolos como “ciudadanos libres de tributo”[5]. El edicto fue enviado a los distintos resguardos para su conocimiento, aceptación y firma. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por muchas de estas comunidades étnicas. Buriticá, por ejemplo, fue uno de los primeros pueblos en reaccionar y enviar un documento manifestando su inconformidad, alegando lo siguiente:

 

…ante Vuestro Señor con el debido respeto, parecemos diciendo: que resultándonos en nuestro concepto un gravamen con la libertad que se nos ha declarado, suplicamos a Vuestro Señor que con el mayor rendimiento sea elevada la acción de libertad y se nos deje en nuestro antiguo estado de indios, pues en el ofrecemos ejercer todas las funciones de ciudadanos y Patriotas[6].

 

A su vez, José Vicente Sixo, en representación de El Peñol, se lamentó de la pérdida de su antiguo estado, en el cual dice estuvieron por gracia de la Divina Providencia y donde, según su parecer, se sentían “muy gozosos sin que la ambición o vanagloria de ser ciudadanos nos tire y persuada a gozar del concedido indulto y libertad”[7]. Su descontento también se presentó frente a la eliminación del tributo y la imposición de otros impuestos pues, como indicaron, apenas podían “pagar el corto tributo de su Majestad”, ahora cómo podrían cumplir, ya en calidad de ciudadanos, con los derechos que se les “condena”[8].

Los indios de Buriticá también fueron enfáticos en solicitar la “sanción de la libertad para continuar en el antiguo estado de indios”[9]. Sin embargo, la Sala Primera de la Legislatura de Antioquia rechazó las distintas peticiones y demandas, alegando que se trataba de una ley superior, de obligado cumplimiento, aplicada a todos los reinos de Ultramar y basada en los principios de justicia y libertad, en clara alusión a lo dicho en Cádiz.

A raíz de la irreversible supresión del sistema antiguo, los choques e inconformidades frente a la República comenzaron a aflorar entre las distintas comunidades indígenas. En la ciudad de Marinilla, la Junta Provincial de Seguridad y Vigilancia realizó un juicio sumario contra el indio Juan de Dios Sánchez, vecino de San Antonio de Pereira, por haber “vertido sugerencias sugestivas contra el Gobierno”[10].

Una vez restaurada la autoridad real con la llegada del general Francisco Warletta, los resguardos acudieron a participar en los actos de desagravio y juras al rey junto a las autoridades civiles y eclesiásticas. En esta ocasión, no se hicieron esperar las muestras de afecto al soberano, señalando ya haber calmado la “tempestad” y cumplido sus “ardientes deseos” de estar de nuevo bajo el cobijo del adorado Fernando VII[11]. A su vez, ofrecieron contribuciones y donativos en granos, cereales, pesca, animales y otros abastos.

Este suceso dejó al descubierto la existencia de una narrativa de lucha y resistencia que se expresó de manera simbólica y pasiva frente a las armas, leyes, prácticas y autoridades republicanas[12]. Los indios de Buriticá, por ejemplo, afirmaron que su obediencia hacia el nuevo gobierno había sido ficticia y por ello anhelaban retornar al amparo del rey, a quien se referían como su “padre, protector y salvador”. Además, se quejaron de la privación de su protector de indios y, particularmente, de que sus privilegios habían sido “violados y se nos obligó a obedecer órdenes contrarias a los sentimientos que nos animaban”[13].

Constante solicitaron al rey restituir los resguardos y devolver las tierras y propiedades que habían sido enajenadas, repartidas o vendidas por la República. Sobre todo, porque a consecuencia de esto, nativos como los del resguardo de Sabanalarga se habían reducido, sus casas habían sido destruidas y su agricultura había decaído dramáticamente. Un informe de Salvador de Guzmán y Ferraro indicó que a consecuencia de la revolución muchos indios estaban en fuga o hacinados en Cáceres, San Agustín y los reales de minas vecinos[14]. A su vez, razones como la anterior habían llevado a los indios del El Peñol a pedir la expulsión de todos los libres de su jurisdicción y volver a repoblar la zona con naturales[15].

En 1817 el pueblo de Ocaydó, supeditado territorialmente a Antioquia, pidió la restitución de su corregidor, alegando que este fue el motivo por el cual no fueron censados y, en consecuencia, no pudieron pagar el correspondiente tributo. Lo cierto es que el desplazamiento de la población indígena dificultó el censo, tributo y restitución de los resguardos; como afirmó Luis Antonio de Villa, corregidor del pueblo de Sopetrán en 1818: la revolución había ocasionado grandes pérdidas que los obligaron a abandonar el territorio[16].

Además de los anteriores casos, que evidencian la existencia de una rebeldía simbólica de los indios, quienes manifestaron haber aceptado el gobierno republicano por temor a represalias, también se observa una resistencia armada para frenar el avance revolucionario.

Extracto tomado del libro de John Alejandro Ricaurte Cartagena titulado "Hasta los gallinazos tienen rey". Guerrillas contrarrevolucionarias en la provincia española de Antioquia (1813-1830).

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[1] Eran verdaderas repúblicas puesto que jurídica y administrativamente eran reconocidas por el Estado y se diferenciaban de las de “blancos”, es decir, los municipios o ayuntamientos en que poseían una estructura social y organización propia. De ahí que, dada la relación histórica con estos pueblos aliados, en Antioquia pervivió una concepción dual de la administración: una república de “blancos” y otra de indios que, si bien tenían una legislación y forma de gobierno diferente, hacían parte de un mismo Estado nacional.

[2] Buriticá (729), Sopetrán (510), Sabanalarga (820), Cañasgordas (158), La Estrella (620), El Peñol (de 822 la mayor parte), Sabaletas (499), Ocaidó, San Antonio y Urrao. Víctor ÁLVAREZ MORALES (ed). La relación de Antioquia en 1808. Expedición Antioquia 2013, Medellín, 2008.

[3] AGI. Panamá, d. 229, l. 3, ff. 361v-363r.

[4] Superior Declaratoria en favor de la libertad de los indios tributarios. AHA., Fondo Independencia, t. 824, d. 13004, ff. 77r-79v.

[5] Vale la pena aclarar que, en materia de tributos, la legislación española les permitía pagar el tributo al rey en especie o metálico, dependiendo de sus particularidades, actividad económica (indios de pesca, mina y caza), geografía, economía y recursos. También según los artículos que pudieran tributar: mantas, minerales, agricultura, ganado, tejidos, trabajo (en obrajes) u otro tipo de servicio.

[6] AHA., Fondo Independencia, t. 822, f. 31r.

[7] AHA., Fondo Indios, t. 27, d. 857.

[8] AHA, Fondo Indios, t. 27, d. 857, ff. 2r-3v y Fondo Independencia, t. 822, f. 33v.

[9] AHA., Fondo Indios, t. 27, f. 424r.

[10] Junta provincial de seguridad y vigilancia, AHMA, Actas del Cabildo, t. 94, ff-1-5, (julio de 1812).

[11] AHA., Medellín, Fondo Independencia, t. 836, f. 19r.

[12] Como indica Yoel Castaño: “Con el ingreso de las tropas realistas de Warletta en la Provincia de Antioquia, los indios vieron retornar por un corto período sus antiguos privilegios y desaparecer la odiosa carga que para ellos implicaba ser un ciudadano. Por un breve lapso de tiempo desapareció la incertidumbre a la que se vieron avocados por el gobierno republicano, y hasta volvieron a rematarse, a sacarse a pública almoneda y a cobrarse los tributos. También los indios aprovecharon esa breve coyuntura para hablar con desdén del gobierno insurgente, y recrear una leyenda negra de esa primera república, a la cual se refirieron con términos como “tiempo calamitoso”, “tempestad política”, gobierno “intruso”, “revolucionario” o “insurgente”...” Yoer CASTAÑO PAREJA, “De menores de edad a ciudadanos: los indígenas de Antioquia y otras zonas neogranadinas frente a los postulados libertarios de la primera república, 1810 – 1816”, Anuario Historia Regional y de las Fronteras, v. 13, n. 1, 2008, pp. 50 y ss.

[13] Karina SALGADO HERNÁNDEZ, “Indios, ciudadanía y tributo en la Independencia neogranadina. Antioquia [1810-1816]”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social 4 (2014): 26-43.

[14] AHA., Fondo Independencia, t. 868, d. 13579, ff. 1-2v.

[15] AHA., Fondo Independencia, t. 858, d. 13447, ff. 153-154.

[16] AHA., Fondo Indios, t. 27, d. 873, ff. 45-46.